El Tribunal Supremo Popular (TSP) desempeña un papel medular en el fortalecimiento de la institucionalidad y de la disciplina social en el país, así se evidenció en la rendición de cuenta de este órgano al Parlamento cubano, momento en el que se reconocieron los avances de este en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Constitución de la República.
En la rendición de cuenta, presentada por el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, primó la importancia del órgano en lo refrendado por nuestro pueblo al aprobar la Carta Magna de que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social.
Remigio Ferro señaló que “en el último quinquenio ingresaron al Tribunal unos 816 262 asuntos, de los cuales más 783 000 recibieron el tratamiento adecuado, lo que denota la efectividad de la labor de jueces y magistrados. No obstante, se trabaja en corregir morosidades y demoras innecesarias en los procesos establecidos”.
Todas las instituciones del TSP en el país muestran los avances en la digitalización de los procesos judiciales, la introducción de las nuevas tecnologías de la información y en el empleo de la comunicación social.
Tanto en el informe del Tribunal, como en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional presentado por su Presidente el diputado José Luis Toledo Santander, se destacó la claridad en el cumplimiento en la impartición de justicia con calidad, agilidad y apego a los procedimientos establecidos, el respeto a las leyes y en la adopción de resoluciones acertadas, a tono con los tiempos que se viven en el país, así como en el respeto a las decisiones judiciales.
Los diputados reconocieron la labor del Tribunal Supremo Popular durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, etapa en la que no se detuvo ningún proceso, y en el desempeño, ante los hechos contrarrevolucionarios y vandálicos del pasado año, en su misión de impartir justicia con una mayor participación de los jóvenes en todas las instituciones del país y su rol en un mejor acceso del pueblo a los tribunales.
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