
Las diputadas y diputados continuaron este jueves el examen de importantes temas de la agenda económica y social del país, durante la segunda jornada del Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.
La agenda inició con la aprobación de los Lineamientos de Política Exterior (2025-2028).
El Programa de Gobierno para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional en la agenda parlamentaria
Recuperar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en el menor tiempo posible, logrando su crecimiento acelerado y su sostenibilidad para satisfacer Ia demanda de la economía y la población, con un enfoque de transición y soberanía energética, con un uso eficiente racional de la energía, son esencias del Programa de Gobierno para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional, aseveró Vicente de la O Levy, titular del sector.

En intercambio con los diputados, afirmó que este Programa de Gobierno no es un plan de medidas para el verano, es un diseño integral de acciones estratégicas.
Ante los diputados, expuso que entre los principales objetivos del programa destacan la recuperación de la generación en las termoeléctricas; el incremento de la participación de fuentes renovables —como la energía solar, eólica, biomasa y biogás—; el aumento de la disponibilidad en la generación distribuida; y la disminución progresiva de la generación móvil y basada en combustible diésel.
Asimismo, subrayó la importancia de continuar implementando la transición energética y fomentar el uso racional de la energía en cada organismo, y en el sector residencial, especialmente en esta etapa de verano, para la cual se diseñaron acciones puntuales.
En el Sistema Electroenergético Nacional, añadió, es imprescindible avanzar en los parques solares fotovoltaicos proyectados en diversas provincias. “Hasta la fecha, ya se han sincronizado 22 en todo el país”, expresó; al tiempo que reconoció que estos han sido clave para evitar apagones mayores, especialmente en escenarios de déficit de combustible.
“Queremos asegurarles que no se ha dejado de trabajar –insistió–, y se continuará desde la máxima dirección del país en la búsqueda de soluciones y alternativas”, concluyó.
En el fortalecimiento del control y la participación popular aportan todos los cubanos

Aportar al fortalecimiento de la democracia socialista y el perfeccionamiento del sistema institucional cubano, es responsabilidad compartida, tanto por los gobiernos locales como por los diputados, afirmó Carlos Rafael Fuentes León, vicepresidente de la Comisión de Atención a Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Al abordar la marcha y diseño de acciones en este importante ámbito, en el Palacio de Convenciones de La Habana, señaló su relevancia "para robustecer los mecanismos de control y participación popular en los órganos representativos del Estado".
Fuentes León destacó que la Constitución de la República establece con claridad el papel de la Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado, responsable de velar por el respeto a la Carta Magna y las leyes, así como de controlar su cumplimiento. En este contexto, precisó, se han definido estrategias integrales que incidan en la implementación de las leyes aprobadas, así como en garantizar la transparencia y rendición de cuenta de los funcionarios públicos.
Durante el segundo día de trabajo del Quinto Período Ordinario de Sesiones del legislativo, en su X Legislatura; resaltó la necesidad de implicar a los gobiernos locales, diputados y delegados del Poder Popular en la realización de audiencias públicas.
"Se trata de sesiones específicas por cada ley aprobada, conducidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, en coordinación con las comisiones permanentes de trabajo y el Ministerio de Justicia, en pos de examinar la implementación legal de las disposiciones normativas y ofrecer detalles sobre su gestión al pueblo", enfatizó.
En su exposición resaltó la trascendencia de potenciar la cobertura comunicacional en este sentido. "Se garantizará la difusión de todo el proceso mediante la Dirección de Comunicación Social de las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, así como de los medios de prensa nacionales".
El vicepresidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional, se refirió, además, al escenario local como "imprescindible y clave en este contexto".
Al respecto, dijo que en el plano local, las acciones se respaldan en lo dispuesto por las leyes no. 132 y no. 139, que regulan la organización y funcionamiento de las asambleas municipales y los consejos populares, respectivamente.
"Estas leyes ratifican el carácter público de las sesiones, la publicación de decisiones y el ejercicio del control popular mediante mecanismos participativos", aseveró Fuentes León; a la vez que subrayó que “el perfeccionamiento de estos mecanismos no solo fortalece la institucionalidad, sino que también consolida el vínculo entre los representantes y el pueblo, garantizando que los elegidos rindan cuenta periódicamente y se sometan al control ciudadano”.
Con estas acciones, insistió, se avanza en la consolidación de un modelo de gobernanza transparente, participativo y ajustado a los principios de la democracia socialista, donde el pueblo tiene un rol activo en la fiscalización y mejora continua del funcionamiento estatal.
Del ejercicio de control popular e institucional sobre las leyes y demás disposiciones normativas

La evaluación del cumplimiento de las leyes por parte de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular constituye un pilar esencial del ejercicio legislativo en Cuba. Así expresó posteriormente el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, al exponer ante el salón plenario este 17 de julio.
Abordó la importancia del control jurídico, como garantía de institucionalidad y desarrollo en el país, y ratificó la relevancia de examinar este tema en el Quinto Período Ordinario de Sesiones.
El titular del ramo destacó que el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de su misión constitucional, ejerce la dirección técnica, normativa, metodológica y de control sobre el asesoramiento jurídico, conforme al decreto ley 349 “Del Asesoramiento Jurídico”, vigente desde octubre de 2017.
Silvera Martínez señaló que el actual escenario económico, empresarial y comercial exige un actuar ético y profesional por parte de los especialistas jurídicos, quienes desempeñan un papel clave en los procesos estratégicos de las entidades. “La complejidad y transformación del entorno demanda rigor técnico y compromiso ético”, afirmó.
Desde la aprobación de la nueva Constitución en 2019, la Mayor de las Antillas ha promulgado 50 leyes y 123 decretos leyes, "lo que evidencia la consolidación de un sistema jurídico integral y funcional".
Certeros análisis de los diputados ratificaron, durante el debate, los esfuerzos colectivos por consolidar un Estado socialista de derecho y justicia social, donde la participación activa del pueblo no solo refuerza la institucionalidad, sino que promueve la transparencia en el camino por perfeccionar los mecanismos de control institucional y popular en Cuba.
Resultados, desafíos y compromisos del INDER

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, destacó que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) supo aprovechar como una oportunidad para generar un amplio movimiento de masas y de colaboración el proceso de rendición de cuenta ante el Parlamento, que este jueves tuvo como colofón la presentación del informe final ante los diputados tras intensos meses de trabajo.
Osvaldo Vento Montiller, presidente del organismo deportivo, refirió que dicho programa de trabajo motivó la revisión a fondo de la estrategia general de la entidad y favoreció un amplio intercambio popular.
Agregó que en la etapa visitaron en dos ocasiones todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, lo que sumó más de 1 580 visitas y la interacción con una cifra superior a las 26 mil personas entre cuadros, directivos, profesores, atletas, trabajadores, activistas, glorias del deporte, familias y población en sentido general, incluidas comunidades rurales.
El informe reconoció avances como el incremento de ofertas recreativas en barrios en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento de la Educación Física en zonas rurales y montañosas, y la implementación de 22 proyectos de innovación vinculados al desarrollo humano.
También se refirió el desempeño en los Juegos Olímpicos de París, donde Cuba no logró lo pronosticado, al obtener solo nueve medallas, mientras superó las expectativas en los Juegos Paralímpicos, con 10 medallas.
De igual modo, se expusieron los resultados en las Olimpiadas Especiales de Asunción, Paraguay, con 34 medallas alcanzadas (16 de oro, 13 de plata y cinco de bronce) y se fortalecieron programas recreativos en comunidades vulnerables e incrementaron las pensiones de 545 glorias deportivas.
Por otra parte, se prioriza la atención sistemática a las 301 casas de abuelos, 158 hogares de ancianos, 142 hogares maternos, 450 áreas de salud, 11 mil 128 consultorios y otras instituciones de salud, así como 1 336 comunidades en situación de vulnerabilidad y más de 19 mil 800 centros laborales, lo que expresa el amplio alcance social del INDER.
Entre las prioridades de trabajo, Vento Montiller citó:
- Fortalecer la política de cuadros
- Impulsar la preparación ideológica en atletas y estudiantes
- Aplicar el Programa de Gobierno con resultados tangibles
- Ampliar la capacitación de recursos humanos
- Priorizar la transformación digital y la ciberseguridad
- Masificar el deporte en comunidades
- Detectar y nutrir el talento deportivo desde la base
No obstante, en el dictamen presentado por Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional; la Comisión recomendó al presidente del INDER elaborar un plan de medidas para responder a los problemas detectados, a presentar antes del 1ro. de septiembre de este año, y se propuso incluir el seguimiento de estos resultados en la agenda del Consejo de Estado, y encargar a la Comisión de Salud y Deporte el monitoreo del proceso.
Por su parte, el máximo directivo del sistema deportivo cubano, Osvaldo Vento Montiller, agradeció el acompañamiento y las sugerencias de la Comisión y subrayó que este ejercicio ha sido una herramienta de aprendizaje colectivo.
El proceso coincidió en el período con la discusión y análisis del proyecto de ley “Del Sistema Deportivo Cubano”, lo que devino en una fortaleza para el desarrollo de este proceso.
Un momento especial de la rendición de cuenta del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación ante el Parlamento resultó la intervención del diputado y pentacampeón olímpico, Mijaín López: “El deporte es amor a la patria, es amor a la bandera y lealtad al pueblo. Por eso, quiero aprovechar aquí, en este pleno, con la presencia de nuestro Presidente para decirle a todos las diputadas y diputados que transmitan en sus provincias el agradecimiento por el apoyo y la confianza que me dieron durante treinta y dos años de carrera deportiva”.
Con profunda preocupación, el campeón alertó sobre el creciente número de negativas de visados que han impedido a deportistas cubanos participar en competencias internacionales y acceder a centros de entrenamiento, incluso afectando a niños y entrenadores y propuso realizar una denuncia oficial sobre esta situación, calificándola como una agresión que perjudica directamente el desarrollo del deporte revolucionario cubano, lo cual recibió unánime respaldo.
La Asamblea Nacional dio así un paso firme para visibilizar el reclamo de los atletas cubanos, en defensa del deporte como expresión legítima de dignidad, esfuerzo y orgullo nacional.
Aprobada Ley Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas

Cuba cuenta con una propuesta que pretende regular las contravenciones y sanciones administrativas, en plena consonancia con la Constitución de la República adoptada en 2019. Así expresó el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, durante la presentación de este proyecto de disposición normativa ante los diputados en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.
En su intervención, destacó que la normativa incorpora principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, tales como legalidad, proporcionalidad, tipicidad, finalidad educativa y preventiva, entre otros.
“La norma se fundamenta en los principios generales del ordenamiento jurídico vigente y tiene como objetivo regular las acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que vulneren disposiciones legales, siempre que no constituyan delitos según la legislación penal. Se excluyen de esta categoría las infracciones derivadas de relaciones contractuales, licencias, autorizaciones, concesiones, vínculos disciplinarios o convenios nacionales”, señaló Silvera Martínez.
Detalló que la ley reconoce como sujetos de contravenciones tanto a personas naturales como jurídicas, ampliando el espectro de responsabilidad administrativa. Esta inclusión responde a la necesidad de fortalecer la legalidad en todos los ámbitos de la vida económica y social.
Uno de los elementos más innovadores de la norma es la implementación de un sistema de cuotas para la imposición de multas, lo que permite individualizar las sanciones de manera más precisa, garantiza proporcionalidad y equidad, y contribuye a la perdurabilidad de la ley.
Asimismo, informó que se incorporan beneficios para quienes cumplan con el resarcimiento de daños y el pago de multas, y se establece la agravación de sanciones en casos de reincidencia, reforzando el carácter preventivo y educativo del sistema.
La ley define como contravenciones aquellas conductas expresamente descritas que, sin constituir delito, afectan o ponen en peligro la vida social, el orden público y el bienestar general. También contempla infracciones que impactan ámbitos especializados del actuar administrativo, donde se requiere el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, destacó la trascendencia de unificar en una norma con rango de ley las conductas que constituyen contravenciones contra la seguridad ciudadana y el orden público. Subrayó que esta propuesta incluye definiciones, principios, sistema de sanciones y reglas aplicables a toda la normativa contravencional, con el propósito de fortalecer esta importante área, asegurando un sistema justo, claro y efectivo que promueva el respeto al orden público y la convivencia social.
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