
Con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; diputados de todo el país, debatieron el proyecto de ley «De Tierra Agropecuaria y Forestal», una propuesta de disposición normativa que busca actualizar el régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, así como su unificación de forma sistémica, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano; y con enfoques novedosos a partir de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba.

La directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, Mayra Cruz Legón, explicó que el proyecto integra y actualiza disposiciones jurídicas dispersas, con el propósito de promover un cuerpo legal coherente y moderno. Subrayó que la tierra se reconoce como medio de producción fundamental de la agricultura, independientemente de su medida, ubicación o régimen de propiedad, y que los bienes agropecuarios abarcan desde equipos y edificaciones hasta animales, plantaciones y semillas.
Por su parte, el presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ramón Aguilar Betancourt, destacó que la propuesta responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el sector agropecuario y garantizar un uso racional y sostenible de los recursos.
En el Capitolio Nacional, evaluaron, además, el proyecto de ley «De la Vivienda» que tiene como objeto «establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética».
Se trata de una norma que vincula derechos sociales con sostenibilidad ambiental, explicó Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción. En el debate, resaltó que la disposición abarca la gestión integral de la vivienda, incluyendo producción, calidad, financiamiento, distribución, uso y conservación, así como su acceso y transmisión. Asimismo, se reconoce la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección frente a la violencia de género y el interés superior de niñas, niños y adolescentes en este ámbito.

El texto define que las personas naturales podrán poseer hasta dos viviendas en propiedad, con mecanismos de control para evitar vulneraciones de este derecho, significó al intervenir el titular del Ministerio de la Construcción, René Mesa Villafaña.
De igual manera, la presidenta de la comisión parlamentaria de Industria, Construcciones y Energía, Magda Ileana Pérez Matos, ratificó que en el caso de este organismo, se establece su papel como entidad rectora, encargada de dirigir la política estatal en materia de vivienda, integrando dimensiones socioculturales, económicas y medioambientales.
Un amplio y profundo debate legislativo como parte de la responsabilidad de los diputados en aportar a las normas y al ordenamiento jurídico en Cuba, que incluyó también al proyecto de ley «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio» que persigue «establecer y regular el Sistema de Identidad Personal y Domicilio, garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, así como la determinación, registro y actualización del domicilio como atributo jurídico-administrativo», en coherencia con las leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería.
Al exponer, el Primer Coronel Mario Méndez Mayedo, y otros integrantes de la comisión redactora del Ministerio del Interior, subrayaron la importancia de contar con un registro único y confiable que respalde la seguridad jurídica y facilite trámites administrativos. De ahí que la propuesta permitirá unificar y modernizar los registros oficiales, lo que contribuirá a una gestión pública más eficiente y a la organización de servicios vinculados a la vida social.

La actualización periódica de los datos de identidad y domicilio se considera esencial para garantizar transparencia y confiabilidad, agregó teniente coronel Roilán Hernández Concepción, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección de Identificación Inmigración y Extranjería.
También en la jornada, diputados de todo el país, analizaron y debatieron por videoconferencia estos tres proyectos de ley, previo al venidero Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura; donde abordaron el impacto de estas propuestas en la protección de derechos ciudadanos, consolidando un marco legal que respalde la vida jurídica y administrativa de la nación.
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