Sobre las perspectivas de desarrollo de la edificación de viviendas en Cuba, y de las iniciativas y desafíos de la estrategia nacional para mejorar el fondo habitacional del país y eliminar las precariedades existentes hoy en este ámbito, debatieron este lunes los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, de conjunto con directivos del Ministerio de la Construcción (Micons).
En el Salón Baraguá del Capitolio Nacional, Magda Ileana Pérez Matos, presidenta de la referida comisión permanente de trabajo del legislativo cubano, expuso la relevancia del intercambio, en cumplimiento al Plan de Medidas derivado de las recomendaciones, tras el ejercicio de la más alta fiscalización al Micons y dando respuesta al acuerdo IX–95. Añadió que el organismo, como rector de la actividad, tiene la responsabilidad de informar y responder a los representantes del pueblo, así como de valorar periódicamente ante ellos, en relación a la marcha de los principales programas en este sentido.
«Un tema que recibe desde la anterior Legislatura, toda la prioridad y atención permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular», subrayó, a la vez que definió la sensible problemática como una de las de mayores insatisfacciones y demandas de los diputados, cuando en el 2024 -trascendió en el encuentro- no se alcanza el impulso necesario, ni el avance integral en acciones de rehabilitación y conservación de inmuebles en los territorios.
Para Marta Hernández Romero, coordinadora de las Comisiones del Parlamento, se trata de un propósito urgente a transformar y de máximo rigor en el sistema de trabajo de la dirección del Partido y el Gobierno, y que debe recibir una mirada diferente desde el compromiso y responsabilidad de sus dirigentes, con un actuar cohesionado «que se piense y diseñe con la participación activa de la ciudadanía y con la mayor comprensión posible».
Al intervenir Delilah Díaz Fernández, directora nacional de la Vivienda, abordó que la Política que vela y organiza la actividad, con seis años de creada en Cuba, se proyecta con la colaboración imprescindible de los gobiernos locales, las entidades provinciales y la población, en correspondencia con normativas públicas y disposiciones de ordenamiento territorial y urbano.
Resaltó que en este camino de institucionalización resultan fundamentales leyes y regulaciones como la Ley 145 Del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo; Ley 151 Del sistema de recursos naturales y el medio ambiente; el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático “Tarea Vida” y la concerniente a la implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba 2017-2036.
«La Política de la vivienda en la Mayor de las Antillas, aprobada en el 2018 -expresó- contiene un programa para la recuperación del déficit habitacional en 10 años, demostrando la voluntad política del Estado de avanzar en función del precepto constitucional de favorecer ese derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable».
En sus palabras, Díaz Fernández detalló las limitaciones y adversidades dentro de la Política de la Vivienda, de renglones básicos que impactan en la atención a barrios en situación de vulnerabilidad, madres con más de tres hijos, comunidades rurales y de difícil acceso. Asimismo, insistió en la relevancia de la estrategia de producción local de materiales de la construcción, que desde los municipios se emprende y evalúa constantemente, destinado, en esencia, a suplir las necesidades en las obras y en pos de mayor autonomía en esta área.
Al cierre de marzo del presente año, informó a los diputados cubanos la Directora Nacional de la Vivienda, y pese a limitaciones económicas y financieras causadas por un recrudecido bloqueo del Gobierno estadounidense, se han concluido en el país un total de 2 106 inmuebles, 137 células básicas habitacionales y se han solucionado 5 582 afectaciones de eventos climatológicos, que aunque no es ni el resultado deseado, ni el que necesita el pueblo, sí evidencia la prioridad en la sensible tarea en las provincias.
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