Clave es el papel de los trabajadores de la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR), en el cumplimiento de su misión constitucional de control de la legalidad en el país, la fiscalización de las leyes, el fortalecimiento de la institucionalidad y la preservación de la disciplina y tranquilidad ciudadanas; así reconocieron los diputados en la rendición de cuenta del órgano a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Durante este ejercicio, expresión de nuestra democracia socialista, se resaltó el papel de la FGR, durante el quinquenio, en procesos decisivos para la Patria como la consulta popular, aprobación y proclamación de la Constitución de la República, así como en la presentación y discusión del proyecto del Código de las Familias, y en el enfrentamiento jurídico-penal a diferentes manifestaciones de delitos, indisciplinas sociales e ilegalidades durante la COVID-19, y luego del frustrado intento anexionista de provocar un “golpe suave” y la desestabilización del país el 11 de julio de 2021.
En la presentación realizada por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, se resaltó el mayoritario y protagónico papel de las mujeres dentro del sector, y de los jóvenes, a los que se les garantiza su superación profesional y preparación como futuros cuadros de dirección.
Tanto en el informe de la FGR, como en el dictamen presentado por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, se reconocieron los avances de la labor fiscal, en momentos de una profunda reforma judicial y procesal en el país.
No obstante, se señalaron problemáticas llamadas a atender de inmediato como deficiencias en la realización de verificaciones fiscales, y el decrecimiento en los últimos tres años del número de fiscales, por diferentes causas.
En su misión de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública, refrendada en la Ley 140 de la Fiscalía General de la República, este órgano perfecciona e incrementa su vinculación con los establecimientos penitenciarios, el Ministerio del Interior, y los organismos de la Administración Central del Estado.
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