En el segundo día de trabajo correspondiente al Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura; la presentación del informe de los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) motivó un amplio debate enfocado en el interés común de detener el decrecimiento productivo con la generalización de las mejores prácticas y un mayor control de los recursos.
La información presentada por el presidente de la Comisión Agroalimentaria de la ANPP, Ramón Aguilar Betancourt, dio cuenta del trabajo desplegado por 153 diputados en 491 entidades y el intercambio con más de diez mil personas en todo el país, lo que permitió conocer de primera mano aciertos y desaciertos.
Entre los asuntos señalados están la disminución en la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras u otras, como consecuencia de la eliminación de la obligatoriedad de poseer un contrato con una entidad autorizada para solicitar una licencia de pesca comercial, un asunto que demanda mayor atención de los consejos municipales de la administración.
Se constataron acciones a favor del Programa de Desarrollo de la Acuicultura, aunque todavía no se logran explotar todos los reservorios.
Por otra parte se detectaron deficiencias en los procesos de contratación de las materias primas agropecuarias, lo que repercute en pérdidas de alimentos que pudieran procesarse.
Además, no en todos los establecimientos se impulsan iniciativas productivas con recursos locales y existen instalaciones con posibilidades de utilizarse a partir de mayores encadenamientos productivos.
Alberto López Díaz, diputado electo por el municipio de Santa Clara y titular de la Industria Alimentaria, reflexionó que están afectados por la falta de materia prima, en su mayoría importada, y por el impacto del recrudecido bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos que impone limitaciones financieras, trabas para acceder a créditos, y dificultades para llegar a mercados cercanos, lo que obstaculiza la contratación de buques para traer los alimentos al país.
No obstante esa realidad, el Ministro reconoció insuficiencias hacia lo interno como reservas en la aplicación de las 43 medidas para fortalecer la Empresa Estatal Socialista, la no aplicación de los sistemas de pago aprobados para motivar más a los trabajadores, y de más alternativas de encadenamiento productivo.
López Díaz recalcó la urgencia de resolver las deficiencias con el propósito de lograr una paulatina recuperación productiva, para lo cual tienen definidas prioridades como la descentralización de facultades para otorgarle mayores facultades a las estructuras de base, ejercer un mayor control, y priorizar la ciencia y la innovación como un pilar.
Los gobernadores de las provincias de Camagüey, Granma, Pinar del Río y Mayabaque compartieron las experiencias que aplican para incrementar la acuicultura y el uso de extensores derivados de la yuca, la calabaza, el boniato y el arroz como alternativa ante el déficit de materias primas.
Lidier Águila Machado, diputado electo por Yateras, resaltó el quehacer de los innovadores en una esfera donde la obsolescencia tecnológica se enfrenta con creatividad.
Mientras, Leidys María Labrador, diputada por Puerto Padre, recomendó llegar más a las comunidades costeras para aclarar dudas relacionadas con la Ley de Pesca y abogó por estrechar más los vínculos entre las bases productivas y minindustrias que en ocasiones están subutilizadas, lo que contribuirá a aprovechar más las cosechas.
Carlos César Torres, parlamentario por San Luis, valoró las potencialidades del MINAL para la realización de proyectos investigativos y la necesidad de fortalecer sistemas productivos a nivel local.
En sentido general se reconoció el desempeño de los más de 70 mil trabajadores de la industria alimentaria en Cuba, quienes a diario enfrentan fuertes restricciones de recursos con el reto de cumplir su importante encargo estatal.
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