Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos recibieron este lunes, mediante videoconferencia, una capacitación sobre las funciones y las características de los órganos y organismos relacionados con la actividad jurídica del país vinculados a esta comisión parlamentaria.
La jornada estuvo encabezada por José Luis Toledo Santander, presidente de esta comisión del legislativo cubano; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República; Farah Saucedo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular; entre otros representantes de los ministerios de Justicia y del Interior, y la Universidad de La Habana.
Como primer punto de la agenda, Yamila Peña Ojeda explicó la misión de la Fiscalía General de la República (FGR); y los objetivos, organización y principios de la actividad de este órgano del Estado. Respecto a las características de los recursos humanos, subrayó que hoy el 40% de los fiscales son menores 35 años, el 38% tienen menos de cinco años de experiencia en el órgano y son mujeres el 80% de los fiscales.
Entre las prioridades de la FGR mencionó mantener el completamiento y la permanencia de las fuerzas en niveles que no comprometan el cumplimiento de la misión, con la preparación profesional y ética que garantice el desempeño eficaz de las funciones; elevar la calidad de la gestión fiscal, en particular, en los procesos penales; y concluir la informatización de los procesos claves que componen el sistema de gestión de la calidad.
Asimismo, precisó entre ellas consolidar la comunicación como proceso estratégico; robustecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación del órgano y buscar soluciones a los problemas; y buscar mayores resultados y sostenibilidad en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida.
Posteriormente, Farah Saucedo profundizó en la organización y el funcionamiento de la impartición de justicia en Cuba y sus antecedentes históricos. Destacó como principios en materia de la concepción de la función judicial: la unidad de poder, la unidad de jurisdicción y el carácter popular, entre otros.
El Tribunal Supremo Popular mantiene relaciones con la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, el Primer Ministro y otros órganos del Estado o entidades, en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones, para la consecución de objetivos comunes, con apego estricto al principio de independencia judicial, expresó en su exposición; mientras que los tribunales populares provinciales y municipales mantienen relaciones similares con los órganos del Estado y el Gobierno, u otras instituciones o entidades en su nivel.
Rosabel Gamón Verde, viceministra primera de Justicia, abordó en la videoconferencia desarrollada desde el Salón Baraguá del Capitolio Nacional las peculiaridades del proceso legislativo, el cronograma aprobado para la X Legislatura del Parlamento cubano, la legalización de documentos, el sistema notarial, la implementación del Código de las Familias, entre otros aspectos. Luego, la diputada Lilia María Hernández Doejó, presidenta de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, comentó respecto al relevante papel de los abogados y de esta institución en el sistema judicial cubano.
Representantes del Ministerio del Interior puntualizaron las particularidades de la misión y organización de la Especialidad de Investigación Criminal y del trabajo investigativo y procesal en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Esta resulta la segunda actividad de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, tras la primera reunión desarrollada al cierre de la Segunda Sesión Extraordinaria del legislativo cubano el pasado 25 de mayo.
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