Ley de Organización del Sistema Judicial

BLAS ROCA CALDERIO, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada del 12 al 14 de julio de 1977, correspondiente al primer período ordinario de sesiones, fue aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: Resulta obligado ajustar la organización judicial a disposiciones específicas de la Constitución y de la Ley de Tránsito Constitucional, referidas a la elección y revocación de los Jueces por las Asambleas del Poder Popular y a la incorporación de la Justicia Laboral a la competencia de los Tribunales Populares.

POR CUANTO: Asimismo ha de ajustarse la organización judicial a la nueva división político-administrativa, que suprime las regiones, eleva a 14 el número de las provincias y disminuye a 169 el de los municipios, lo que determina no solamente cambios en el número y las instancias de los Tribunales, sino también en la competencia atribuida a éstos.

POR CUANTO: Acorde con las disposiciones de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, es necesario definir las relaciones que han de existir entre la Administración Central del Estado y los Tribunales, las cuales se efectúan a través del Ministerio de Justicia. Ello permite, adicionalmente, librar a los Tribunales de tareas administrativas y facilitarles que se concentren en su privativa labor jurisdiccional.

POR CUANTO: Los cambios introducidos en la organización de los Tribunales Militares requieren la consecuente modificación de las referencias que se hace a ellos en diversos preceptos de la Ley de Organización del Sistema Judicial.

POR CUANTO: Son tan numerosas las modificaciones que deben introducirse a la vigente Ley de Organización del Sistema Judicial, Ley 1250, de 23 de junio de 1973, que resulta conveniente hacer una nueva en la cual se incorporen armónicamente dichas modificaciones a los preceptos actuales no requeridos de cambios.

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular acuerda la siguiente:

LEY NO. 4

LEY DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

LIBRO PRIMERO

DE LOS TRIBUNALES

TITULO PRIMERO

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA JUDICIAL

ARTÍCULO 1.- El sistema judicial que esta Ley establece se rige por los principios socialistas, consagrados en la Constitución, que norman la organización y el funcionamiento de los órganos estatales.

ARTÍCULO 2.- La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida en su nombre por:

1) el Tribunal Supremo Popular;

2) los Tribunales Provinciales Populares;

3) los Tribunales Municipales Populares;

4) los Tribunales Militares.

ARTÍCULO 3.- Los Tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro, y sólo subordinados, jerárquicamente, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

ARTÍCULO 4.- La actividad de los Tribunales tiene como principales objetivos:

1) mantener y reforzar la legalidad socialista;

2) salvaguardar el régimen económico, social y político establecido en la Constitución;

3) proteger la propiedad socialista, la personal de los ciudadanos y las demás formas de propiedad que la Constitución reconoce;

4) amparar los derechos e intereses legítimos de los órganos, organismos y demás entidades estatales y de las sociales y de masas;

5) amparar la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio, las relaciones familiares y los demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos;

6) prevenir las infracciones de la ley y las conductas antisociales, reprimir y reeducar a los que incurran en ellas y restablecer el imperio de las normas legales cuando hayan sido violadas;

7) dirimir las controversias laborales y revisar las resoluciones dictadas por los órganos y organismos que forman parte de la administración del Estado en aquellos casos que la ley autorice;

8) elevar la conciencia jurídica social en el sentido del estricto cumplimiento de la ley, formulando en sus decisiones los pronunciamientos oportunos para educar a los ciudadanos en la observancia consciente y voluntaria de sus deberes de lealtad a la patria, a la causa del socialismo y a las normas de convivencia socialistas.

ARTÍCULO 5.- Los Tribunales están en la obligación de cumplir la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, los reglamentos, las resoluciones y las demás disposiciones legalmente establecidas, así como las instrucciones de carácter general, provenientes de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, que reciban por conducto del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 6.- Los Tribunales deben poner en conocimiento de los organismos o empresas afectados las infracciones de la ley que adviertan durante la tramitación y examen de los procesos judiciales, sin perjuicio de dar cuenta de ellas al Fiscal cuando revistan caracteres de delito.

ARTÍCULO 7.- El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones en este orden son definitivas. A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los Tribunales Populares y, sobre la base de la experiencia de éstos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

ARTÍCULO 8.- Todos los Tribunales funcionan en forma colegiada.

ARTÍCULO 9.- Bajo la denominación general de Jueces se comprende a todos los que integran los Tribunales y en ellos imparten justicia. Los Tribunales se integran por Jueces profesionales y legos, con iguales derechos y deberes, en la actividad de impartir justicia.

ARTÍCULO 10.- El año judicial coincide con el año natural.

ARTÍCULO 11.- El sello para autorizar los documentos judiciales es uniforme en todo el territorio nacional. Contiene el escudo de la República, y en la orla el nombre del Tribunal a que corresponde.

CAPÍTULO II

DE LAS GARANTIAS

ARTÍCULO 12.- La legalidad socialista está garantizada en el orden judicial por:

1) la obligación de los organismos estatales y entidades públicas de cumplir y hacer cumplir los fallos y demás resoluciones firmes en los Tribunales dictados dentro de los límites de su competencia;

2) la obligación de los ciudadanos y entidades privadas de acatar y cumplir los fallos y demás resoluciones firmes de los Tribunales, tanto por los que sean directamente afectados por ellos, como por los que, no teniendo interés directo en su ejecución, vengan obligados a facilitar su cumplimiento;

3) la obligación de los Tribunales de interpretar y aplicar las leyes en forma consecuente con los principios socialistas;

4) los recursos que en todos los juicios y procedimientos puedan interponerse contra las sentencias y resoluciones definitivas de los Tribunales, con excepción de las dictadas en única instancia por el Tribunal Supremo Popular;

5) las funciones de dirección, supervisión e inspección ejercidas por los Tribunales superiores sobre la actividad jurisdiccional de los Tribunales inferiores;

6) la prohibición a los Tribunales a negarse a dictar los fallos o sentencias definitivas y demás resoluciones judiciales que procedan, sin que sea admisible excepción o excusa alguna;

7) la obligación de los Tribunales de ejecutar efectivamente los fallos que dicten y de vigilar el cumplimiento de éstos por los organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución, así como realizar las actuaciones que dispongan las leyes procesales correspondientes cuando la ejecución de sus fallos incumba a otro órgano del Estado.

CAPÍTULO III

DE LOS PRINCIPIOS

ARTÍCULO 13.- La actividad judicial se ajusta fundamentalmente a los principios siguientes:

1) las sentencias o fallos de los Tribunales se pronuncian en nombre del pueblo de Cuba;

2) los Jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley;

3) la función judicial se ejerce conforme a lo establecido por la ley;

4) la justicia se imparte sobre la base de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el Tribunal;

5) sólo los Tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones por hechos que constituyen delitos;

6) todo acusado tiene derecho a la defensa;

7) las vistas de los juicios son públicos salvo en los casos exceptuados por la ley;

8) la justicia se dispensa gratuitamente.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 14.- La jurisdicción y competencia de los Tribunales en sus distintos grados, se ajusta a la división político-administrativa del país y a las necesidades de la función judicial.

ARTÍCULO 15.- Los Tribunales pueden, cuando lo estimen necesario, constituirse y ejercer sus funciones, dentro de su jurisdicción territorial, en los lugares donde los hechos justiciables ocurrieron o en que residan sus protagonistas o quienes conozcan de su ocurrencia.

ARTÍCULO 16.- La organización e integración de los Tribunales Militares, así como la elección, designación, revocación y responsabilidad de los Jueces Militares, y el término de sus mandatos, están determinados por la Ley de los Tribunales Militares.

CAPÍTULO II

DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

SECCIÓN PRIMERA

DE LA JURISDICCIÓN Y SEDE

ARTÍCULO 17.- El Tribunal Supremo Popular ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional y reside en la capital de la República.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA

ARTÍCULO 18.- El Tribunal Supremo Popular se integra por su Presidente, el Vicepresidente, los Presidentes de Sala y los demás Jueces profesionales y legos. La estructura del Tribunal Supremo Popular es la siguiente:

– el Pleno,

– el Consejo de Gobierno,

– Sala de lo Penal,

– Sala de lo Civil y de lo Administrativo,

– Sala de lo Laboral,

– Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado,

– Sala de lo Militar.

ARTÍCULO 19.- Para los actos de justicia, las Salas del Tribunal Supremo Popular se constituyen con su Presidente o quien legalmente lo sustituya, dos Jueces profesionales y dos legos.

SECCIÓN TERCERA

DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

ARTÍCULO 20.- El Pleno del Tribunal Supremo Popular se integra por sus Jueces en funciones y lo preside el Presidente del Tribunal o el Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquél. El quórum para su constitución y funcionamiento es de las dos terceras partes de los Jueces profesionales e igual proporción de los Jueces legos. En las reuniones del Pleno convocadas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 21, participan el Fiscal General de la República, con voz y voto, y el Ministro de Justicia, con voz pero sin voto. A estas reuniones pueden ser invitados los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares. El Pleno del Tribunal Supremo Popular se reúne en sesión ordinaria cada tres meses y en sesión extraordinaria siempre que la urgencia del caso lo requiera. El Pleno del Tribunal Supremo Popular tiene un Secretario.

ARTÍCULO 21.- Corresponde al Pleno del Tribunal Supremo Popular:

1) ejercer, a través de su Consejo de Gobierno, la iniciativa legislativa en materia relacionada con la administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el inciso e) del artículo 86 de la Constitución;

2) examinar la práctica judicial de sus propias Salas y la de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, y a ese fin puede:

a) pedir informes a los Presidentes de las Salas del Tribunal Supremo Popular;
b) convocar a los Presidentes de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares para que le rindan informes relativos a la práctica judicial de sus respectivos Tribunales, particularmente en lo que se refiere a la aplicación uniforme de la ley, así como de cualquier otro aspecto concerniente a la actividad jurisdiccional;
c) disponer que Jueces del Tribunal Supremo Popular se constituyan en las sedes de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, y examinen las sentencias dictadas y los procesos sustanciados, así como obtengan los datos concernientes al estado de la criminalidad y demás aspectos de la actividad jurisdiccional de los Tribunales; se informen sobre los problemas relativos a la aplicación correcta y uniforme de la ley y sobre la necesidad de acordar instrucciones al respecto o propuestas para el perfeccionamiento de la legislación;

3) ejercer, a través del Consejo de Gobierno, el control y la supervisión de la actividad jurisdiccional de todos los Tribunales;

4) ejercer la inspección judicial conforme a lo establecido en la Ley Procesal Penal Militar;

5) evaluar las consultas que le formulen los Tribunales inferiores y dictar las instrucciones necesarias para la aplicación uniforme de las leyes, en el curso de la actividad jurisdiccional, y para la ejecución y cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los procedimientos;

6) solicitar del Consejo de Estado, cuando sea necesario, la interpretación general y obligatoria de cualquier disposición legal;

7) comprobar y evaluar la eficacia social de la actividad judicial de los Tribunales, y elaborar conclusiones sobre la administración de justicia para su aplicación jurisdiccional, resultantes de los problemas del desarrollo social.

ARTÍCULO 22.- Corresponde al Pleno del Tribunal Supremo Popular, constituido en Tribunal de Justicia, juzgar en única instancia por razón de los delitos de que fueren acusados:

1) a los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, previa autorización de este órgano;

2) al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previa autorización de ésta o, en su caso, del Consejo de Estado;

3) a los miembros del Consejo de Estado, previa autorización de este órgano;

4) a los miembros del Consejo de Ministros, previa autorización de éste órgano;

5) al Presidente, el Vicepresidente y a los Jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular, estos últimos mientras se hallen en el desempeño efectivo de la función judicial;

6) al Fiscal General de la República y a los Vicefiscales Generales y demás Fiscales de la Fiscalía General. Corresponde, asimismo, al Tribunal Supremo Popular, constituido en Pleno, conocer de los procesos de revisión que se establezcan contra sus propias sentencias en los casos a que se refieren los párrafos precedentes.

SECCIÓN CUARTA

DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

ARTÍCULO 23.- El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular se integra por el Presidente del Tribunal, que lo preside, por el Vicepresidente, por los Presidentes de cada una de las Salas y por el Fiscal General de la República, o por sus sustitutos legales, en los casos de ausencia o impedimento. El Ministro de Justicia puede participar en las sesiones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, con voz pero sin voto. El Secretario del Pleno lo es también del Consejo de Gobierno.

ARTÍCULO 24.- Corresponde al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular:

1) trasmitir a los Tribunales las instrucciones de carácter general recibidas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Consejo de Estado y del Pleno del Tribunal Supremo Popular;

2) dirimir las cuestiones de competencia que por razón de la materia se susciten entre los Tribunales;

3) ejercer la función disciplinaria conforme a las disposiciones de esta Ley;

4) formar la plantilla del personal del propio Tribunal;

5) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado los proyectos legislativos que hayan sido acordados por el Pleno del Tribunal, dándoles su formulación definitiva, en su caso;

6) reglamentar y aplicar los acuerdos y decisiones adoptados por el Pleno;

7) acordar y aplicar el Reglamento de los Tribunales Populares;

8) proponer a las respectivas Asambleas del Poder Popular la revocación del mandato de Jueces de los Tribunales Populares;

9) impartir instrucciones de carácter obligatorio y preparar las directivas del Pleno;

10) designar los Jueces que han de examinar la actividad jurisdiccional de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares en los casos a que se refiere el inciso c) del apartado 2) del artículo 21;

11) ejercer las funciones atribuidas al Pleno del Tribunal Supremo Popular en el inciso a) del apartado 2) y en los apartados 3), 4), 5) y 6) del artículo 21, cuando la urgencia del caso lo requiera, dando cuenta del resultado a aquel órgano, en su próxima sesión.

SECCIÓN QUINTA

DE LA SALA DE LO PENAL

ARTÍCULO 25.- Corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular:

1) conocer de los recursos que procedan contra los fallos dictados por las Salas de lo Penal de los Tribunales Provinciales Populares;

2) conocer de los procesos de revisión conforme a la ley;

3) dirigir las cuestiones de competencia que por razón del territorio se susciten en asuntos penales entre Tribunales que no tengan un superior común.

SECCIÓN SEXTA

DE LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 26.- Corresponde a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular:

1) conocer de los recursos que procedan contra los fallos dictados por las Salas de lo Civil y de lo Administrativo de los Tribunales Provinciales Populares;

2) conocer de los demás recursos que las leyes de procedimiento u otras sometan a su decisión;

3) conocer de los procesos de revisión conforme a la ley;

4) disponer la ejecución en Cuba de las sentencias dictadas por los Tribunales extranjeros en materia civil, conforme a lo establecido en las leyes de procedimiento, a menos que en los tratados se haya estipulado otra manera de proceder;

5) dirimir las cuestiones de competencia que por razón del territorio se susciten en asuntos civiles o administrativos entre Tribunales que no tengan un superior común.

SECCIÓN SEPTIMA

DE LA SALA DE LO LABORAL

ARTÍCULO 27.- Corresponde a la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular:

1) conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Sala de lo Laboral del Tribunal Provincial Popular de la provincia Ciudad de La Habana, en materia de seguridad social;

2) conocer de los procesos de revisión conforme a la ley;

3) dirimir las cuestiones de competencia que por razón del territorio se susciten en asuntos laborales entre Tribunales que no tengan un superior común;

4) conocer de cualquier otro asunto que por ésta u otras leyes se le atribuya.

SECCIÓN OCTAVA

DE LA SALA DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular:

1) conocer de los recursos que procedan contra los fallos dictados por las Salas de Delitos contra la Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales Populares;

2) conocer de los procesos de revisión conforme a la ley;

3) conocer en primera instancia, en casos excepcionales, de los delitos contra la seguridad del Estado sometidos al conocimiento de los Tribunales Provinciales Populares, reclamando al efecto la remisión de las causas en tramitación;

4) dirimir las cuestiones de competencia que por razón del territorio se susciten en el conocimiento de los delitos contra la seguridad del Estado entre Tribunales Provinciales Populares.

SECCIÓN NOVENA

DE LA SALA DE LO MILITAR

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular:

1) conocer en primera instancia de los procesos penales incoados a las personas que a continuación se expresan:

a) Viceministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;
b) Jefes de las Grandes Unidades, Sustitutos de los Jefes de Cuerpos de Ejércitos, cargos equivalentes y superiores;
c) Jefes de Direcciones y sus Sustitutos y Jefes de Secciones Independientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;
ch) Viceministros del Ministerio del Interior;
d) Jefes y Segundos Jefes Provinciales, Directores Generales, Directores y Jefes de Departamentos Independientes del Ministerio del Interior;

2) conocer de los recursos e impugnaciones interpuestos en casación contra las sentencias y resoluciones de los Tribunales Militares Territoriales. Cuando en la sentencia se imponga sanción de muerte o la máxima de privación de libertad, el recurso se considera interpuesto y admitido de oficio;

3) conocer, mediante el procedimiento de inspección judicial, de las impugnaciones establecidas contra las sentencias y resoluciones firmes dictadas por los Tribunales Militares Territoriales;

4) conocer del procedimiento de revisión contra las sentencias y resoluciones firmes dictadas por los Tribunales Militares Territoriales.

SECCIÓN DECIMA

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ARTÍCULO 30.- Los recursos que se establezcan contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Salas de Delitos contra la Seguridad del Estado, y de lo Militar del Tribunal Supremo Popular, se resuelven por una Sección especial integrada por el Presidente del Tribunal, los cinco Presidentes de Sala, dos Jueces profesionales y dos legos de cualquier Sala que no hayan intervenido en la sustanciación y fallo de los asuntos en los que se dictaron las sentencias recurridas. Esta Sección conoce, asimismo, de los procesos de revisión que se establezcan contra sus propias sentencias decidiendo los expresados recursos.

SECCIÓN DECIMOPRIMERA

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

ARTÍCULO 31.- Corresponde al Presidente del Tribunal Supremo Popular:

1) representar y dirigir al Tribunal Supremo Popular;

2) presidir el Pleno y el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

3) cuidar de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Pleno y del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

4) pedir, para examinarlas, las actuaciones de cualquier proceso de que esté conociendo o haya conocido un Tribunal;

5) someter al pleno iniciativas concernientes a la aplicación uniforme de las leyes;

6) disponer las medidas necesarias para el orden interior del Tribunal;

7) designar, en caso de ausencia temporal de los Jueces profesionales del Tribunal Supremo Popular, a los que deben sustituirlos, atemperándose a lo que previene el artículo 98;

8) disponer la incoación de los expedientes de corrección contra los Jueces del Tribunal Supremo Popular y los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares, cuando proceda;

9) elevar al Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno las renuncias de los Jueces del Tribunal Supremo Popular, y comunicar las vacantes que se produzcan por cualquier motivo;

10) dar cuenta al Pleno del Tribunal Supremo Popular respecto a los delitos que pudieran haber cometido los Jueces del mismo durante el desempeño de sus funciones;

11) tramitar, hasta que lleguen a estado de resolución, los asuntos que deban conocer el Pleno y el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

12) cualquier otra atribución que le estuviere conferida por la ley o por el Reglamento de los Tribunales Populares.

ARTÍCULO 32.- El Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular asiste al Presidente y lo sustituye en caso de ausencia temporal. Además, asume las funciones que el Presidente delegue en él.

CAPÍTULO III

DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES POPULARES

SECCIÓN PRIMERA

DE LA JURISDICCIÓN Y SEDES

ARTÍCULO 33.- Los Tribunales Provinciales Populares ejercen su jurisdicción en el territorio de las correspondientes provincias y tienen sus sedes donde radiquen sus capitales. El Tribunal Provincial Popular de La Habana conoce, además, en la instancia que establezcan las respectivas disposiciones procesales, de los asuntos civiles, laborales y penales que procedan del municipio especial de Isla de Pinos.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA

ARTÍCULO 34.- Los Tribunales Provinciales Populares se integran por sus Presidentes, los Presidentes de Sala y los demás Jueces profesionales y legos. La estructura de los Tribunales Provinciales Populares es la siguiente: – Pleno, – Sala de lo Penal, – Sala de lo Civil y de lo Administrativo, – Sala de lo Laboral, – Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, – Secciones de Sala, que se forman cuando las necesidades del servicio judicial lo requieran y las cuales pueden tener competencia para todos los asuntos correspondientes a la Sala o para una parte de ellos.

No obstante, el Pleno del Tribunal Supremo Popular puede disponer la supresión de alguna de las Salas previstas para cada Tribunal Provincial Popular y la extensión de la jurisdicción de la de otro para conocer de los asuntos que correspondan a la suprimida. También puede el Pleno disponer la supresión de alguna de las Salas previstas y atribuir la competencia de la suprimida a otra Sala del mismo Tribunal Provincial Popular.

ARTÍCULO 35.- Para los actos de justicia, las Salas de los Tribunales Provinciales Populares, o las Secciones de ellas, se constituyen con su Presidente o quien legalmente lo sustituya, dos Jueces profesionales y dos legos.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS PLENOS DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES POPULARES

ARTÍCULO 36.- Los Plenos de los Tribunales Provinciales Populares se integran por sus Jueces en funciones y los presiden los Presidentes de los respectivos Tribunales. El quórum para la constitución y funcionamiento de estos órganos es de las dos terceras partes de los Jueces profesionales e igual proporción de los Jueces legos. En las reuniones del Pleno de los Tribunales Provinciales Populares puede participar el Fiscal Jefe Provincial, con voz pero sin voto. Los Plenos de los Tribunales Provinciales Populares se reúnen en sesión ordinaria cada tres meses y en sesión extraordinaria siempre que la urgencia del caso lo requiera. Como Secretarios de los Plenos actúan los de los propios Tribunales. A las sesiones del Pleno de los Tribunales Provinciales Populares pueden ser invitados los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares de la respectiva provincia.

ARTÍCULO 37.- Corresponde a los Plenos de los Tribunales Provinciales Populares:

1) ejercer la potestad disciplinaria gubernativa sobre los Jueces del propio Tribunal o de los Tribunales Municipales Populares de su territorio, imponiendo la corrección procedente al inculpado o sobreseyendo definitivamente el expediente;

2) solicitar fundamentalmente de las Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular, según sea el caso, la revocación del mandato de Jueces del propio Tribunal o de los Tribunales Municipales Populares del territorio;

3) conocer y resolver cualquiera otra cuestión grave que surja en el Tribunal, que no pueda ser resuelta por su Presidente mediante el ejercicio de sus facultades de gobierno;

4) elevar consultas al Tribunal Supremo Popular;

5) convocar a los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares de sus respectivos territorios para que les rindan informes relativos a la práctica judicial, particularmente en lo referente a la aplicación uniforme de la ley, así como de cualquier otro aspecto concerniente a la actividad jurisdiccional;

6) disponer que Jueces del Tribunal Provincial Popular se constituyan en las sedes de los Tribunales Municipales Populares examinen las sentencias dictadas y los procesos sustanciados, y obtengan datos relativos al estado de la criminalidad y demás aspectos de la actividad jurisdiccional de dichos Tribunales, remitiendo al Presidente del Tribunal Supremo Popular cuantos datos significativos recojan en el ejercicio de esta actividad;

7) adoptar las medidas que sean necesarias en los casos de graves disidencias entre los Jueces de los propios Tribunales Provinciales Populares o de los Tribunales Municipales Populares de su territorio.

SECCIÓN CUARTA

DE LA SALA DE LO PENAL

ARTÍCULO 38.- Corresponde a la Sala de lo Penal de los Tribunales Provinciales Populares:

1) juzgar los delitos que le vengan atribuidos por la ley, que se cometan en su territorio;

2) juzgar los delitos de su competencia que se cometan en el extranjero, conforme a las disposiciones de la ley penal;

3) conocer de los recursos de apelación que se interpongan en materia penal contra los fallos dictados por los Tribunales Municipales Populares de su territorio;

4) conocer de los recursos que franquean las leyes contra las resoluciones que impongan medidas de seguridad predelictivas;

5) dirimir cuestiones de competencia que por razón del territorio se susciten en asuntos penales entre Tribunales Municipales Populares de su territorio.

SECCIÓN QUINTA

DE LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 39.- Corresponde a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de los Tribunales Provinciales Populares:

1) conocer en primera instancia de los asuntos civiles que le atribuyan las leyes;

2) conocer de los recursos de apelación que se interpongan en materia civil contra las sentencias y resoluciones definitivas dictadas en primera instancia por los Tribunales Municipales Populares;

3) conocer de los procesos administrativos que le atribuyan las leyes;

4) dirimir las cuestiones de competencia que por razón del territorio se susciten en asuntos civiles entre Tribunales Municipales Populares de su territorio.

SECCIÓN SEXTA

DE LA SALA DE LO LABORAL

ARTÍCULO 40.- Corresponde a la Sala de lo Laboral de los Tribunales Provinciales Populares:

1) conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias dictadas en materia laboral por los Tribunales Municipales Populares de su territorio;

2) dirimir las cuestiones de competencia que, por razón del territorio, se susciten en asuntos laborales entre Tribunales Municipales Populares de su territorio. La Sala de lo Laboral del Tribunal Provincial Popular de la provincia Ciudad de La Habana conoce, además, de las reclamaci0nes establecidas contra las resoluciones dictadas por la Administración Central del Estado en materia de seguridad social que no sean susceptibles de ulterior recurso en la vía administrativa.

SECCIÓN SEPTIMA

DE LA SALA DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

ARTÍCULO 41.- Las Salas de Delitos contra la Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales Populares conocen en primera instancia de los delitos contra la seguridad del Estado que se cometan en el territorio atribuido por la ley a cada una de ellas, o a bordo de naves o aeronaves cubanas aunque se encuentren fuera del territorio nacional. En este último supuesto, para la determinación de la competencia, se tiene en cuenta el puerto regular de partida del territorio nacional. También conocen de los delitos de esta naturaleza que se cometan en el extranjero o en naves o aeronaves extranjeras, cualquiera que sea el lugar en que se hallen, sin perjuicio de lo que disponga en los tratados. En este último caso, la competencia se considera atribuida a la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de la provincia Ciudad de La Habana.

SECCIÓN OCTAVA

DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES POPULARES

ARTÍCULO 42.- Corresponde a los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares:

1) dirigir y orientar a las Salas del propio Tribunal y a los Tribunales Municipales Populares de su territorio, dentro del ámbito de las disposiciones de la ley y de las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

2) designar a los Jueces que han de examinar la actividad jurisdiccional a que se refiere el apartado 6) del artículo 37;

3) solicitar, para examinarlas, las actuaciones de cualquier proceso de que esté conociendo o haya conocido una Sala o Sección del Tribunal que preside o de alguno de los Tribunales Municipales Populares subordinados;

4) cuidar, en lo que les concierne, de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Pleno y del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y del Pleno del Tribunal Provincial Popular respectivo;

5) adoptar las medidas necesarias en los casos de graves disidencias entre los Jueces del propio Tribunal, dando cuenta al Pleno del Tribunal para que resuelva lo que haya lugar en definitiva;

6) proponer al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la creación de Secciones en las Salas cuando las necesidades del servicio lo requieran;

7) organizar las Secciones, asignándoles los Jueces que deban integrarlas;

8) ejercer las facultades y cumplir los deberes que la ley y los reglamentos judiciales les atribuyan.

ARTICULO 43.- En caso de ausencia temporal del Presidente, lo sustituye uno de los Presidentes de Sala, según el orden establecido por el Pleno del Tribunal Provincial Popular.

CAPÍTULO IV

DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES POPULARES

SECCIÓN PRIMERA

DE LA JURISDICCIÓN Y SEDES

ARTÍCULO 44.- Los Tribunales Municipales Populares ejercen su jurisdicción en el territorio correspondiente a los municipios en que radiquen y tienen sus sedes en las cabeceras de éstos. No obstante, por acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo Popular, los Tribunales Municipales Populares pueden conocer los asuntos civiles, penales y laborales de otros municipios colindantes, siempre que éstos se encuentren comprendidos dentro de la misma provincia.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA

ARTÍCULO 45.- Los Tribunales Municipales Populares se integran por sus Presidentes y los demás Jueces. Los Tribunales Municipales Populares no se dividen en Salas, pero pueden crearse en ellos Secciones que conozcan de los asuntos penales, civiles y laborales, separada o conjuntamente, cuando lo demande la densidad de población o el volumen de las actividades.

ARTICULO 46.- Para los actos de justicia, los Tribunales Municipales Populares, o sus Secciones, se integran por un Juez profesional y dos Jueces Legos.

SECCION TERCERA

DE LA COMPETENCIA

ARTÍCULO 47.- Corresponde a los Tribunales Municipales Populares:

1) conocer en primera instancia de lo delitos y las contravenciones que les atribuya la ley;

2) conocer en primera instancia de los asuntos civiles y laborales que les atribuya la ley;

3) conocer en primera instancia de los índices de peligrosidad predelictiva;

4) conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria que les atribuya la ley.

SECCIÓN CUARTA

DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES POPULARES

ARTÍCULO 48.- Corresponde a los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares:

1) dirigir y orientar el trabajo del Tribunal respectivo dentro del ámbito de la ley y de las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

2) cuidar, en lo que les concierne, de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Pleno y del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y del Pleno del Tribunal Provincial Popular respectivo;

3) adoptar las medidas necesarias en los casos de graves disidencias entre los Jueces del Tribunal dando cuenta al Pleno del Tribunal Provincial Popular para que resuelva lo que haya lugar;

4) proponer al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la creación de Secciones cuando las necesidades del servicio lo requieran;

5) organizar las Secciones, asignándoles los Jueces que deban integrarlas;

6) organizar el archivo judicial del Tribunal y expedir las certificaciones que procedan;

7) ejercer las facultades de gobierno y cumplir los deberes que la ley y los reglamentos judiciales les atribuyan.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES

ARTÍCULO 49.-

1) Dentro de los límites de la competencia atribuida con carácter general a las respectivas Salas en materia penal, están éstas facultadas para fallar cualquier otro delito o contravención que fuere medio necesario para la comisión de aquel por el que se procede, facilitar su ejecución, o procurar su impunidad, aunque la competencia, en cada caso, esté atribuida a un Tribunal inferior en grado y a condición de que el hecho corresponda a la jurisdicción que ejerzan sobre la materia en superior grado. Esta disposición es, asimismo, aplicable a los distintos delitos cometidos a virtud de un solo hecho y a las contravenciones inmediatamente incidentales a los delitos mencionados.

2) Siempre de los límites expresados, cuando, después de la celebración del juicio oral, el Tribunal que conozca del hecho entienda que se trata de uno de la competencia del Tribunal o Sala inferior, se halla facultado para dictar sentencia imponiendo la sanción que sea procedente.

3) Fuera de estos casos, si los hechos a que se refieren los dos apartados precedentes constituyeren hechos punibles de que debiere conocer Tribunal o Sala que ejerza jurisdicción en materia distinta, o, aun siendo la misma, fuere de grado superior, viene el que se halle conociendo, en el deber de deferir el conocimiento a favor del que sea competente, remitiéndole las actuaciones originales, o librando al efecto testimonio, según lo que proceda en cada caso.

CAPÍTULO VI

DE LAS AUDIENCIAS DE LOS TRIBUNALES

ARTÍCULO 50.- Los Tribunales celebran audiencias públicas todos los días hábiles. Son hábiles todos los días, excepto los domingos y los demás declarados no laborables por la ley.

ARTÍCULO 51.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 15, los Tribunales pueden celebrar las audiencias de los juicios penales fuera de la sede, aunque dentro del territorio de su demarcación, procurando hacerlo en las horas en que la mayoría del los trabajadores del lugar hayan terminado sus labores. En este caso, pueden invitar al juicio a los diriges sindicales y a las personas u organizaciones políticas o de masas que pudieren estar interesadas, directa o indirectamente, en el hecho que se juzga, o que tengan conocimiento de la personalidad de su autor.

CAPÍTULO VII

DEL AUXILIO JUDICIAL

ARTÍCULO 52.- Los Tribunales deben auxiliarse mutuamente para la ejecución de todas aquellas diligencias judiciales que resultare necesario practicar fuera de su respectivo territorio.

ARTÍCULO 53.- Cuando una diligencia judicial hubiere de practicarse fuera del territorio del Tribunal que la haya ordenado, puede éste librar despacho interesando directamente su ejecución al que resulte competente para su cumplimiento siempre que sea de su mismo o inferior grado y aunque en el segundo caso no le esté subordinado.

ARTÍCULO 54.- Cuando el Tribunal al que se dirija el despacho no pueda darle cumplimiento por encontrarse fuera de su demarcación la persona con quien haya de entenderse la diligencia, o por ser territorialmente incompetente, debe remitirlo directamente al Tribunal en cuya demarcación deba practicarse, e informar de ello al que lo hubiere expedido.

ARTÍCULO 55.- El Tribunal que reciba un despacho sólo puede negarse a su cumplimiento cuando perjudique su propia jurisdicción. Si se trata de despacho librado por un superior, debe exponerle las razones que tenga para ello, y estar a lo que éste resuelva en definitiva.

ARTÍCULO 56.- Contra las negativas o casos de demora en el cumplimiento de un despacho, el Tribunal remitente puede acudir en queja ante el Tribunal superior al que haya de cumplirlo. Dicho Tribunal superior resuelve en definitiva lo que proceda.

ARTÍCULO 57.- El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular redacta los modelos oficiales a que han de ajustarse los despachos que los Tribunales se dirijan entre sí para la práctica de las diligencias judiciales en los casos procedentes.

ARTÍCULO 58.- Las comisiones rogatorias que se libren a Tribunales extranjeros se ajustan, en cuanto a su forma y tramitación, a lo que disponen los tratados, y en su defecto, se cursan por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, adaptándose su forma y redacción a las disposiciones e instrucciones dictadas por dicho Ministerio.

CAPÍTULO VIII

DEL REGIMEN INTERIOR DE LOS TRIBUNALES

ARTÍCULO 59.- Adscripta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular existirá una unidad de administración encargada de asegurar el orden administrativo general en lo que concierne al régimen interior de este Tribunal.

ARTÍCULO 60.- La unidad a que se refiere el artículo anterior tiene, entre sus funciones principales, las siguientes:

1) elaborar el anteproyecto de presupuesto que se presenta al Ministerio de Justicia;

2) elaborar el anteproyecto de plan económico en todas sus categorías de acuerdo con la metodología vigente;

3) mantener el control periódico de la ejecución del presupuesto y del plan económico, cumplimentando las informaciones que se soliciten por el Ministerio de Justicia;

4) garantizar la prestación de los servicios internos;

5) confeccionar la nómina y efectuar el pago al personal;

6) llevar al día la contabilidad;

7) garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de los medios básicos;

8) conservar y mantener debidamente actualizados los expedientes laborales de los trabajadores del Tribunal;

9) controlar, actualizar y conservar los expedientes de los funcionarios del Tribunal Provincial Popular y de los Tribunales Municipales Populares de su territorio. También tiene a su cargo la organización y el funcionamiento de los archivos judiciales del Tribunal, así como expedir certificaciones relacionadas con antecedentes obrantes en documentos que se conserven en ellos.

CAPÍTULO IX

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

ARTÍCULO 64.- El Ministerio de Justicia ejerce la supervisión de la organización y del funcionamiento general de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares y elabora propuestas para su continuo perfeccionamiento.

ARTÍCULO 65.- Al Ministerio de Justicia le corresponden, además, las atribuciones siguientes:

1) dirigir la superación técnica de los candidatos a cargos judiciales de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares y de los Jueces profesionales y legos de estos Tribunales, estableciendo las coordinaciones necesarias con los Ministerios de Educación y de Educación Superior;

2) elaborar la estadística judicial, de acuerdo con la metodología establecida por el organismo correspondiente, y evaluar los efectos de la actividad de los Tribunales en el desarrollo social.

TÍTULO TERCERO

DEL PERSONAL JUDICIAL

CAPÍTULO I

DE LOS REQUISITOS

ARTÍCULO 66.- Para ser Presidente de Tribunal, Vicepresidente, Presidente de Sala o Juez profesional, se exigen los requisitos siguientes:

1) estar habilitado para el ejercicio de la abogacía por título expedido o revalidado por universidad o institución oficial autorizada;

2) ser ciudadano cubano por nacimiento o naturalización;

3) tener integración revolucionaria activa;

4) poseer buenas condiciones morales y gozar de buen concepto público.

ARTÍCULO 67.- Además de los requisitos que se establecen en el artículo que antecede, es necesario haber ejercido la abogacía en Cuba, o desempeñado funciones judiciales, fiscales, de instrucción o de auxiliar de los Tribunales siendo abogado, o prestado servicios como asesor legal de organismos estatales, o ejercido la docencia universitaria en ciencias jurídicas, durante: -ocho años, si la elección fuere para el Tribunal Supremo Popular; – cinco años, si fuere para un Tribunal Provincial Popular; – tres años, si fuere para un Tribunal Municipal Popular. A los efectos de determinar el tiempo de experiencia a que se refiere el anterior párrafo, pueden sumarse los períodos de actividad en los cargos o funciones señalados.

ARTÍCULO 68.- Para desempeñar la función de Juez lego de cualquier Tribunal, se exigen los requisitos generales siguientes:

1) mantener buena actitud ante el trabajo o ante la actividad de interés social que realice;

2) tener integración revolucionaria activa;

3) poseer buenas condiciones morales, adecuada preparación cultural y gozar de buen concepto público.

ARTÍCULO 69.- Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, para ser elegido Juez lego, es necesario haber cumplido: – treinta años de edad, si la elección fuere para el Tribunal Supremo Popular; – veinticinco años de edad, si lo fuere para un Tribunal Provincial Popular; – veintiún años de edad, si lo fuere para un Tribunal Municipal Popular.

CAPÍTULO II

DE LOS IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 70.- No pueden ser elegidos Jueces:

1) los que física o mentalmente estén impedidos para la función judicial;

2) los que hubieren sido sancionados mientras no hayan cumplido la sanción y obtenido su rehabilitación, y siempre que el delito cometido no fuere de los que hacen desmerecer en el concepto público;

3) los que estuvieren sujetos a proceso por delito que haga desmerecer en el concepto público. Se entiende sujeto a proceso desde que se decrete cualquier medida cautelar o se haya ejercitado la acción penal por el Fiscal.

ARTÍCULO 71.- Los Jueces profesionales, mientras lo sean, no pueden desempeñar otro cargo o empleo, bien sea electivo o de nombramiento, que lleve aparejada autoridad, potestad administrativa o función ejecutiva, excepto que se trate de cargos docentes. Los Jueces pueden ser elegidos Delegados o Diputados a las Asambleas del Poder Popular, sin que puedan ocupar cargos ejecutivos en dichos órganos.

ARTÍCULO 72.- No pueden formar parte de la misma Sala, en cualquier Tribunal, los que estuvieren unidos por vínculo matrimonial o por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

ARTÍCULO 73.- El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular puede suspender en el ejercicio de sus funciones, durante la tramitación del proceso, al Juez acusado de la comisión de un delito doloso, y, en caso que proceda, mientras se tramita su revocación. También puede suspenderlo cuando se advierta que carece de los requisitos para ser elegible o incurra en cualquier causa que constituya impedimento o incompatibilidad para el ejercicio del cargo, e inmediatamente, en este caso, debe dar cuenta a la Asamblea correspondiente del Poder Popular para que decida acerca de su revocación o sustitución.

CAPÍTULO III

DE LA ELECCIÓN

SECCIÓN PRIMERA

DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

ARTÍCULO 74.- El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno. El Presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular y los demás Jueces profesionales y legos que deban integrarla, son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta de los Ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Justicia conjuntamente, de entre los militares que se encuentren prestando el servicio militar activo. Los Presidentes de las demás Salas y los demás Jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del Ministro de Justicia. En cuanto a los de la Sala de lo Laboral, el Ministro de Justicia, para efectuar la propuesta, oirá a la Central de Trabajadores de Cuba y al Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES Y MUNICIPALES POPULARES

ARTÍCULO 75.- Los Presidentes, Presidentes de Sala y Jueces profesionales y legos de los Tribunales Provinciales Populares son elegidos por las respectivas Asambleas Provinciales del Poder Popular, a propuesta del Ministerio de Justicia. En cuanto a los de las Salas de lo Laboral, el Ministerio de Justicia, para efectuar la propuesta, oirá a la central de Trabajadores de Cuba y al Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social. Los Presidentes y demás Jueces de los Tribunales Municipales Populares son elegidos por las respectivas Asambleas Municipales del Poder Popular, a propuesta del Ministerio de Justicia.

SECCIÓN TERCERA

DEL TÉRMINO DE LA ELECCIÓN

ARTÍCULO 76.- El Presidente, el Vicepresidente, los Presidentes de Sala y los Jueces profesionales del Tribunal Supremo Popular, el Presidente y los Jueces profesionales de los Tribunales Provinciales Populares, y los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares son elegidos por un período de cinco años.

ARTÍCULO 77.- Los Jueces legos de todos los Tribunales son elegidos por un período de dos años y medio. Los trabajadores que sean elegidos Jueces legos de cualquier Tribunal, devengan, durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de la función judicial, el mismo salario o sueldo que perciben en su centro de trabajo y mantienen el vínculo con éste a todos los efectos del disfrute de los beneficios y adquisición de derechos y méritos que les corresponda. El salario de los Jueces legos se sufraga con cargo al presupuesto de gastos de los Tribunales. Los Jueces legos desempeñan sus funciones, cada año, en dos períodos no consecutivos de un mes.

SECCIÓN CUARTA

DE LA TERMINACIÓN DEL MANDATO

ARTÍCULO 78.- El mandato de los Jueces termina:

1) por vencimiento del término de elección;

2) por jubilación en el caso de los Jueces profesionales;

3) por renuncia aceptada por el órgano que los eligió;

4) por incapacidad física o intelectual para continuar desempeñando la función judicial;

5) por revocación acordada por el órgano que los eligió;

6) por sustitución. En los casos a que se refieren los apartados 1), 2), 3) y 6), el Juez jubilado, renunciante, sustituido o cuyo mandato hubiere terminado, sigue interviniendo en los procesos cuya vista o juicio oral hubiere comenzado con su participación.

CAPÍTULO IV

DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

ARTÍCULO 79.- Una vez al año, cada Tribunal, cualquiera que sea su categoría, rinde cuenta del trabajo judicial realizado durante el año precedente, mediante informe dirigido a la correspondiente Asamblea del Poder Popular.

ARTÍCULO 80.- El Informe del Tribunal Supremo Popular se cursa por conducto del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y el de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, por conducto de los respectivos Presidentes de los Comités Ejecutivos de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular.

ARTÍCULO 81.- Las Asambleas antes citadas pueden reclamar de los Presidentes de los Tribunales remitentes de los informes los datos y las aclaraciones complementarias que estimen necesarios o convenientes.

ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo antes dispuesto, las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular pueden solicitar, en cualquier tiempo, de los Tribunales Provinciales y Municipales, respectivamente, los informes que consideren necesarios. Copias autorizadas de esos informes y de los referidos en los artículos 79 y 81 se remitirán al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y al Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO V

DE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO

ARTÍCULO 83.- El mandato de cualquier Juez puede ser revocado en todo tiempo mediante acuerdo del órgano al que incumbe legalmente su elección, bien por propia iniciativa o a instancia fundada del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de la Fiscalía General de la República o del Ministerio de Justicia. Cuando se trate de Jueces de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, también puede ser solicitada su revocación por el Pleno del Tribunal Provincial Popular correspondiente.

CAPÍTULO VI

DE LAS RENUNCIAS

ARTÍCULO 84.- Las renuncias del Presidente, Vicepresidente, Presidentes de Sala y Jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular, se elevan al Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno, quien las somete a la Asamblea Nacional del Poder Popular, para su consideración y resolución. Las de los Presidentes, Presidentes de Sala y Jueces profesionales y legos de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, se elevan a las correspondientes Asambleas electoras, por conducto de los Presidentes de sus respectivos Comités Ejecutivos.

CAPÍTULO VII

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS JUECES

ARTÍCULO 85.- Durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, los Jueces, con excepción del Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, están sujetos a la jurisdicción disciplinaria gobernativa conforme a las disposiciones de esta Sección, sin perjuicio de las correcciones disciplinarias procesales en que incurran como integrantes de los Tribunales infractores.

ARTÍCULO 86.- Las medidas de corrección disciplinaria gubernativa a los Jueces del Tribunal Supremo Popular y a los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares, se imponen por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular; y las de los Jueces de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, por los Plenos de los Tribunales Provinciales Populares.

ARTÍCULO 87.- Los Jueces son objeto de corrección disciplinaria cuando:

1) faltaren de palabra, por escrito o de obra, a sus superiores en el orden jerárquico;

2) faltaren a las consideraciones debidas a sus iguales o inferiores en el orden jerárquico;

3) traspasaren los límites racionales de su autoridad con los auxiliares o el personal de servicio de los Tribunales, o con los que acudan a ellos en asuntos judiciales, o con los que asistan a los estrados, cualquiera que sea el objeto con que lo hagan;

4) fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes;

5) realizaren actos que comprometan la dignidad de sus funciones;

6) recomendaren a Jueces o Tribunales asuntos pendientes en procesos civiles, administrativos, laborales o penales;

7) publicaren escritos en defensa de su conducta oficial, sin autorización de su superior jerárquico;

8) atacaren la actuación oficial de otros Jueces;

9) infringieren cualquiera de las prohibiciones o faltaren al cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes, reglamentos o acuerdos del Pleno del Tribunal Supremo Popular o del Consejo de Gobierno.

ARTÍCULO 88.- El expediente de corrección disciplinaria contra los Jueces del Tribunal Supremo Popular y contra los Presidentes y Jueces de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares se incoa por:

1) el Presidente del Tribunal Supremo Popular, por propia iniciativa o a instancia del Fiscal General o del Ministro de Justicia, cuando los inculpados sean Jueces del Tribunal Supremo Popular o Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares;

2) el Presidente del Tribunal Provincial Popular respectivo, por propia iniciativa o a instancia del Fiscal Jefe Provincial o del Ministerio de Justicia, cuando los inculpados sean Presidentes de Sala o Jueces de dicho Tribunal o Presidentes o Jueces de los Tribunales Municipales Populares subordinados. Los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares pueden solicitar del Presidente del Tribunal Provincial Popular respectivo el inicio del expediente de corrección disciplinaria contra los Jueces del propio Tribunal Municipal Popular.

ARTÍCULO 89.- El expediente se instruye por un funcionario designado a dicho objeto por el Presidente del Tribunal, y sus trámites consisten en dar vista al Juez contra quien se proceda con los antecedentes de la acusación, por un breve término; admitir los medios de prueba pertinentes que se presentaren para acreditar los cargos contra el inculpado y los de éste para sus descargos; señalar el plazo para su práctica con citación de las partes; procurar la comprobación de los hechos que puedan contribuir a aclarar los que fueren objeto del expediente; y recibir informe escrito del inculpado y del Fiscal.

ARTÍCULO 90.- Terminado el expediente, el Consejo de Gobierno, en el caso de los Jueces del Tribunal Supremo Popular y de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares, o el Pleno del Tribunal respectivo en los demás casos, impondrán la corrección disciplinaria que proceda o declararán no haber lugar a imponerla, con notificación de lo resuelto al Juez inculpado y al Fiscal.

ARTÍCULO 91.- Al Juez que incurriere en causal de corrección disciplinaria, se impone:

1) si se tratare de Juez profesional:

a) amonestación;
b) suspensión de quince a noventa días en el desempeño de su cargo, con ubicación, durante el término de aquélla, en otra actividad laboral, dentro del propio órgano;

2) si se tratare de Juez lego:

a) amonestación;
b) suspensión en el ejercicio efectivo de sus funciones por el mismo término señalado en el inciso b) del apartado anterior.

ARTÍCULO 92.- Las correcciones disciplinarias impuestas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular no son recurribles. Las impuestas por los Plenos de los Tribunales Provinciales Populares son apelables en el término de diez días para ante el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, el cual confirmará, revocará o modificará la corrección impuesta según estime procedente. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS AUXILIARES

ARTÍCULO 93.- Las infracciones de orden laboral en que incurran los Secretarios, los auxiliares y el personal de servicio de los Tribunales son objeto de corrección de acuerdo con la legislación laboral. Se consideran también infracciones de la disciplina laboral las comprendidas en el artículo 87, en cuanto sean aplicables. Para las infracciones de índole meramente procesal rigen las disposiciones de las leyes de ese orden.

CAPÍTULO VIII

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL

ARTÍCULO 94.- La responsabilidad penal en que incurran los Jueces del Tribunal Supremo Popular, tanto profesionales como legos, que se encuentren en el ejercicio efectivo de la función judicial, es exigible ante el Pleno de ese Tribunal.

ARTÍCULO 95.- La responsabilidad penal en que incurran los Presidentes de Tribunales, Presidentes de Sala y demás Jueces profesionales y legos, mientras se hallen estos últimos en el ejercicio efectivo de la función judicial, cualquiera que sea el delito, es exigible ante el Tribunal inmediato superior al que pertenezca el funcionario.

ARTÍCULO 96.- La responsabilidad civil de los Jueces con ocasión del ejercicio de sus funciones es exigible por el procedimiento ordinario ante el Tribunal superior en grado al que pertenezcan, salvo que la competencia para el conocimiento del asunto corresponda a uno de más alta jerarquía. Para el caso de los Jueces del Tribunal Supremo Popular, es competente la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del propio Tribunal.

CAPÍTULO IX

DE LAS VACANTES

ARTÍCULO 97.- Cuando vacaren dentro del término de sus mandatos el Presidente, el Vicepresidente, los Presidentes de Salas y los Jueces profesionales y legos del tribunal Supremo Popular y de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, sus cargos son cubiertos por el órgano al que respectivamente incumbe la elección y por el término que reste al sustituido.

ARTÍCULO 98.- La sustitución provisional de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo Popular se efectúa por los Jueces profesionales de la propia Sala, por el orden establecido por el Consejo de Gobierno. La sustitución provisional de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares se efectúa por uno de los Presidentes de Sala del propio Tribunal, por el orden establecido por el Pleno del Tribunal respectivo.

La sustitución provisional de los Presidentes de Sala de los Tribunales Provinciales Populares se efectúa por los Jueces profesionales de la propia Sala, por el orden establecido por el Pleno del Tribunal respectivo. En el caso de los demás Jueces, las sustituciones de carácter temporal son de la competencia del Presidente del Tribunal a que pertenezcan. De no ser posible efectuarla por no haber personal disponible corresponde al Presidente del Tribunal inmediato superior adoptar las medidas que procedan hasta que cese esta situación.

CAPÍTULO X

DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES Y DEL PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS SECRETARIOS

ARTÍCULO 99.- Los Tribunales y las Salas tienen cada uno un Secretario. El Secretario del Tribunal lo es a la vez del Pleno.

ARTÍCULO 100.- Para ser designado Secretario judicial se requiere haber cumplido veintiún años de edad, tener capacidad para el desempeño del cargo e integración revolucionaria activa, no estar comprendido en ninguno de los casos de incapacidad que para los Jueces señala esta Ley, poseer buenas condiciones morales y gozar de buen concepto público. El Secretario del Tribunal Supremo Popular debe ser abogado.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS DEBERES DE LOS SECRETARIOS

ARTÍCULO 101.- Es obligación de los Secretarios judiciales:

1) auxiliar a los Tribunales;

2) guardar el secreto que corresponda sobre todos los pleitos, expedientes y causas penales a su cargo, con respecto a terceras personas ajenas a ellos, salvo que el Tribunal autorice en cada caso la información solicitada;

3) anotar en los autos los días y las horas en los casos en que los términos en que deban presentarse los escritos estén fijados por la ley, dando recibo de todo escrito o documento que reciba con expresión del día y de la hora de presentación, si se les pidiere;

4) anotar, igualmente, los días en que las partes tomen y devuelvan los autos y los en que, sin devolución de éstos, presenten escritos;

5) dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les presenten en la audiencia del día o a más tardar en la del inmediato, siendo responsables de las dilaciones injustificadas en que incurran;

6) extender fielmente y autorizar con su firma las resoluciones judiciales que se dicten por ante ellos;

7) custodiar y conservar los documentos que estuvieren a su cargo;

8) expedir copias certificadas o testimonios en la forma dispuesta por la ley;

9) tener siempre al corriente los libros y registros que dispongan los reglamentos;

10) llevar la estadística de los asuntos a su cargo, en la forma que determinen los reglamentos;

11) poner al margen de las resoluciones judiciales los nombres y apellidos de los Jueces que las hubieren acordado;

12) hacer constar en las actas de las vistas y juicios los días de su duración, las horas empleadas en cada día, y los nombres y apellidos de los Jueces, Fiscales, Abogados y partes que hubieren asistido a ellos;

13) cuidar de que no quede ninguna resolución judicial sin firmar por quienes deban hacerlo;

14) ingresar en el Banco Nacional de Cuba las cantidades que por cualquier concepto recaudaren o recibieren en depósito o consignación;

15) dar cuenta de las demoras de las partes o sus Abogados en devolver los autos cuando haya vencido el término por el que se les entregaron;

16) cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y los reglamentos del Tribunal.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS SECRETARIOS AUXILIARES

ARTÍCULO 102.- La plantilla de los Tribunales incluye, además del Secretario, uno o más Secretarios auxiliares, de acuerdo con las necesidades del servicio. Es obligación de estos auxiliares asistir a los Secretarios en sus funciones, sustituirlos en sus ausencias temporales y practicar las diligencias de calle que les sean encomendadas por el Secretario.

SECCIÓN CUARTA

DEL PERSONAL AUXILIAR

ARTÍCULO 103.- La plantilla del personal auxiliar administrativo y de servicio del Tribunal Supremo Popular se confecciona por su Consejo de Gobierno, el que cubre también los cargos. La plantilla del personal auxiliar administrativo y de servicio de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares se confecciona por el Ministerio de Justicia, el que cubre también los cargos.

SECCIÓN QUINTA

DE LOS DEMÁS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO

ARTÍCULO 104.- Para ser designado en cargo de auxiliar administrativo y de servicio se exigen los requisitos generales de aptitud establecidos en la legislación laboral y los demás que determina el Reglamento de los Tribunales Populares.

ARTÍCULO 105.- Las funciones de los demás auxiliares administrativos y de servicio se rigen, en lo pertinente, por el reglamento dictado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

LIBRO SEGUNDO

DE LA FISCALÍA

TÍTULO PRIMERO

DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CAPÍTULO I

DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA

ARTÍCULO 106.- Corresponde a la Fiscalía general de la República, como objetivo primordial, el control de la legalidad socialista sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la ley y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales, y por los ciudadanos.

A este efecto le vienen atribuidas las funciones siguientes:

1) agotar las medidas legales para perseguir y obtener la sanción de quienes atenten contra la independencia y la soberanía del Estado o contra sus intereses políticos y económicos;

2) informar, en el ejercicio de la función de la vigilancia que le incumbe, al órgano superior de aquel que haya dictado la disposición o resolución, ejecutado el acto que estime ilegal, a los efectos de que adopte las medidas que procedan. Los organismos que reciban solicitudes de datos u otros requerimientos del Fiscal deben responder a éstos dentro del término de veinte días, y de no hacerlo, se comunica al superior del funcionario correspondiente y, en su caso, al Consejo de Ministros;

3) actuar, cuando se trate de actos contrarios a las leyes, que dimanen de organismo del Estado, mediante los procedimientos legales, con el fin de que se restablezca la legalidad quebrantada, sin perjuicio de la acción que corresponda al particular afectado por tales actos para reclamar, en la vía y forma que determina la ley, el reconocimiento real y efectivo del derecho vulnerado;

4) anotar, igualmente, los días en que las partes tomen y devuelvan los autos y los en que, sin devolución de éstos, presenten escritos;

5) dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les presenten en la audiencia del día o a más tardar en la de inmediato, siendo responsables de las dilaciones injustificadas en que incurran;