Por Aymara Massiel Matos Gil_
Fotos: Tony Hernández Mena_

Las aguas terrestres son un recurso natural renovable y limitado. Para Cuba las lluvias constituyen la principal fuente de este preciado líquido y su frecuencia está disminuyendo; por tal motivo, resulta necesario gestionar de manera integrada el uso de este recurso.

Bajo esta premisa y con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), fue discutido en la capital cubana el Proyecto de Ley de las Aguas Terrestres.

Diputadas y diputados de Mayabeque, Isla de la Juventud, La Habana y aquellos que fueron electos en otras provincias y que residen en esta urbe discutieron este Proyecto que tiene como objetivos: ordenar la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres, en función del interés general de la sociedad, la salud, el medio ambiente y la economía, y el establecimiento de medidas para su protección sobre la base de su planificación y preservación en armonía con el desarrollo económico y social sostenible y la protección del medio ambiente.

Otro de los objetivos planteados en el documento es establecer las medidas para la reducción de desastres por la incidencia de los eventos hidrometeorológicos extremos en las aguas terrestres y la adaptación al cambio climático.

Durante el encuentro, el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, insistió en la importancia de este espacio de debate: ¨Este es uno de los procesos que integran la actividad legislativa de la Asamblea Nacional −manifestó−; ustedes saben que nuestro órgano no sesiona de manera permanente y muchos de los diputados no son profesionales en sus cargos, por lo que tenemos que encontrar otras vías y formas de elaborar las leyes; desarrollando esta actividad estamos legislando, estamos preparando cuerpos legales para su aprobación definitiva en el plenario¨.

Los parlamentarios allí presentes compartieron criterios, inquietudes y ofrecieron sugerencias que fueron recogidas para valorar su inclusión en el documento final, el cual está programado para ser sometido a votación en el VIII Período de Sesiones de la actual legislatura, en diciembre próximo.

Uno de los temas tratados fue la necesidad de desarrollar una estrategia comunicacional para hacerla comprensible a la mayor cantidad de ciudadanos. En tal sentido, la diputada Mirta Millán, de la Isla de la Juventud, acotó: ¨La Ley no contiene la gestión comunicacional como un elemento importante para hacer viable todo lo que se propone; es posible que se incluya luego en la implementación, pero por la importancia que tiene hoy que las personas sepan cuán imprescindible es el agua, a mí me parece que pudiera estar¨.

A propósito, la diputada Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, refirió que la comunicación es fundamental en este sentido;¨todo el mundo sabe usar el agua, pero no sabe por qué tiene que existir una ley¨, dijo; y acotó que en este sentido el trabajo de los medios de prensa puede ser importante.

¨Hay muchos problemas relacionados con este tema que nos llegan a través de cartas, planteamientos de la población y no está en ninguna ley cómo resolverlos, cómo dirimirlos jurídicamente, porque hay brechas. Esta ley responde a elementos que los ciudadanos tienen en su cotidianidad, y quizás faltaría mostrar esos ejemplos de la vida diaria para que sea de mejor comprensión para todas las personas¨, indicó.

Otro aspecto muy debatido fue el artículo 7, el cual estipula que ¨corresponde a los órganos locales del Poder Popular en sus respectivas competencias, en relación con la gestión de las aguas terrestres, garantizar que en su territorio, todos los habitantes tengan acceso al agua potable y al saneamiento, con independencia de la responsabilidad de los prestadores de esos servicios; garantizar la planificación y el uso racional del agua en función del desarrollo económico y social de su territorio; y trabajar por la protección de las aguas terrestres y la reducción de su contaminación¨.

Algunas opiniones coinciden en que no debe corresponder a los órganos locales del Poder Popular garantizar todas estas actividades, puesto que no están en sus manos los recursos necesarios para ello, lo que sí es su función es velar para que todos tengan el acceso al servicio, que se cumpla este derecho, por tanto habría que diferenciar las responsabilidades de cada prestador, puesto que no aparecen explícitas en el documento.

Más de una decena de criterios fueron recogidos en esta reunión, que cierra el ciclo de debates iniciado el pasado 8 de noviembre en Santiago de Cuba y en el que participaron todos los diputados del país.

De igual modo se publicó el proyecto de Ley en el sitio web del parlamento cubano y está habilitado el correo leydeaguas@anpp.gob.cu, para que todas las personas que así lo deseen ofrezcan sus sugerencias al respecto.