Continuar velando por la ejecución e impacto de los recursos del país

Dictamen de las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para 2018.

Luego de estudiar y debatir las informaciones de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, sobre el proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2018, las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos presentan el Dictamen siguiente:

El presupuesto del Estado para el año 2018, se desarrollará en una compleja coyuntura económica y con una agudización del bloqueo genocida por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

El proyecto  que se presenta, respalda las demandas financieras para sustentar los servicios sociales de la población y la esfera productiva. Además permite financiar la continuidad de las acciones de la recuperación del huracán Irma y otros eventos meteorológicos anteriores, fundamentalmente en las viviendas, para esto el gobierno aprobó bonificaciones en un 50 % al precio de los materiales de la construcción y otros bienes de consumo y a los intereses de créditos bancarios.
Los ingresos del Presupuesto del Estado responden razonablemente a los niveles de actividad proyectados en el Plan de la economía, toman en cuenta las reservas existentes tanto en el sector empresarial como en las formas de gestión no estatal.

La capacidad recaudatoria del Sistema Tributario está validada con la participación de los ingresos tributarios en un 75 % del total de los ingresos brutos. Se proyecta un crecimiento con respecto al 2017 respaldado por las recaudaciones provenientes del sector empresarial, las cuales mantienen un aumento sostenido en los últimos tres años vinculados a las utilidades, así como un comportamiento favorable de la gestión no estatal aún con reservas.

Se continúa reforzando las acciones conjuntas para detectar conductas evasoras, indisciplinas en los pagos y subdeclaración de ingresos que se manifiestan con mayor incidencia en los municipios cabeceras provinciales y polos turísticos. Además se evidencian reservas en el pago de la contribución a la Seguridad Social en el sector agrícola, al identificarse incumplimientos de los usufructuarios de tierras.

Los ingresos no tributarios se planifican con un crecimiento del 2 % a partir del aporte del 50 % de la utilidad después del pago de impuestos por las empresas. Se mantienen para el año 2018 las principales bonificaciones y exenciones tributarias aplicadas en el 2017.

El Presupuesto en análisis proyecta ingresos netos por 56 900 millones de pesos, creciendo un 4,2 % con respecto al estimado del 2017.

Los gastos totales prevén un crecimiento de un 6 % sobre el estimado del 2017 y destina a gastos corrientes de la actividad presupuestada 38 015 millones de pesos para respaldar los servicios básicos que gratuitamente se ofrecen como: subsidios para materiales de la construcción a personas con escasos recursos financieros, el funcionamiento de la administración pública, la defensa y el orden interior.

La Ley del Presupuesto sustenta las conquistas alcanzadas en los servicios sociales, fundamentalmente en Salud, Educación y Asistencia Social. Crecen los gastos por las prestaciones de la Seguridad Social en un 5 % que respalda a un millón 702 000 pensionados.

Se proyecta un crecimiento del 9 % de los gastos presupuestarios en el sector empresarial según se planifica en el plan de la economía, para garantizar la continuidad del proceso productivo en la empresa estatal y respaldar el cumplimiento de las producciones que son fuentes de exportaciones y sustituyen importaciones bajo el principio de que el ingreso o ahorro en divisas resulte rentable para el país.

Se destinan 3 706 millones de pesos a Inversiones Materiales en correspondencia con el Plan de la Economía en sectores claves del desarrollo y la solución a los problemas que presenta el fondo habitacional.

El resultado del balance de ingresos y gastos, muestra un déficit fiscal de 11 725 millones de pesos concentrado en los financiamientos a la actividad productiva y las inversiones financiadas por el Presupuesto del Estado.

Para financiar este déficit junto a la amortización de la deuda pública con vencimiento en el 2018, se requiere de una demanda financiera de 15 749 millones de pesos, cifra que se gestionará con la emisión de Bonos Soberanos.

Aún persisten gastos en los últimos años ocasionados por pérdidas asociados a negligencia y descontrol, reservas a explotar, lo que unido al incremento de los ingresos constituyen las fuentes garantes de los gastos asociados a la sostenibilidad del desarrollo social y de las políticas aprobadas.

Para lograr las potencialidades de eficiencia que contienen el Plan y el Presupuesto, es imprescindible evitar pagos sin respaldos productivos en el sector estatal y pagos excesivos a las formas de gestión no estatal, sostener una adecuada relación con la disponibilidad de bienes y servicios destinados al consumo, velar porque se realice una eficiente gestión de los inventarios, evitando la inmovilización de recursos, una planificación y ejecución objetiva de las utilidades, con un incremento del control de estos que minimicen las brechas existentes, aspectos que contribuyen a mantener el equilibrio financiero interno en términos manejables.

Especial atención requiere el control de los portadores energéticos con el estricto cumplimiento de los índices de consumo, asociados a los niveles de actividad previstos.

Ambas comisiones consideran que, aun cuando el proyecto de Presupuesto del Estado que se presenta a esta Asamblea Nacional, materializa una evolución en la aplicación de los instrumentos y control de las finanzas públicas, se debe continuar trabajando en su perfeccionamiento y consolidación.

Se requiere continuar velando por la ejecución e impacto en su nivel de satisfacción de los recursos presupuestarios asociados a la atención de los planteamientos de la población.

Para consolidar el avance en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, en un escenario complejo, es imprescindible  potenciar al máximo las reservas internas existentes, aspectos no siempre logrados en la ejecución del Plan y el Presupuesto.

Por todo lo antes expuesto, proponemos a la Asamblea Nacional recomendar:

Que los ministerios de la Agricultura, de la Construcción, de la Industria Alimentaria, de Energía y Minas, de Industrias y sus Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial subordinadas, garanticen el cumplimiento del índice de rotación de inventarios que les fue aprobado en el Plan de la Economía.

 Que los ministerios de la Agricultura, de la Industria Alimentaria y de la Construcción garanticen que en el sistema empresarial no se produzcan pagos sin respaldo productivo para de esta forma contribuir a sostener el equilibrio financiero interno.

Que los ministerios de la Construcción, de Finanzas y Precios, de Industrias, de Comercio Interior, de Trabajo y Seguridad Social y el Banco Central de Cuba de conjunto con los Órganos Locales del Poder Popular, informen a la Comisión de Asuntos Económicos el 31 de marzo del 2018, el resultado de las medidas para garantizar la producción, comercialización, financiamiento y control de los recursos materiales necesarios destinados a la continuación de las acciones de la recuperación del huracán Irma, fundamentalmente en las viviendas.

Que la Oficina Nacional de la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas y Precios informen a la Comisión de Asuntos Económicos de las medidas adoptadas para enfrentar las conductas evasoras y de sus resultados.

Que los ministerios de Finanzas y Precios, de la Agricultura, de Trabajo y Seguridad Social, desarrollen acciones efectivas para garantizar la aplicación de los nuevos tributos para el 2018 previstos en la Ley para el sector agropecuario, así como eliminen los incumplimientos en los aportes al Presupuesto del Estado por parte de los usufructuarios de tierras en el pago de la Contribución a la Seguridad Social.

Que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, los ministerios de Energía y Minas, de la Agricultura, de Transporte y la Oficina del Historiador de La Habana que concentran las inversiones materiales que financia el Presupuesto del Estado, adopten las medidas pertinentes para garantizar, eficientemente, el cumplimiento de sus programas inversionistas.

Finalmente, las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos proponen a la Asamblea Nacional aprobar la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2018 que se ha puesto a nuestra consideración.

IX Legislatura

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