Por Tubal Páez Hernández / Fotos: Tony Hernández

La eficiencia en la economía, el control del presupuesto, el enfrentamiento a las ilegalidades y el imperio del orden, coincidentes con las exigencias de la más alta dirección del país y del pueblo, fueron el centro de los análisis del encuentro con los presidentes de las Asambleas Provinciales del Poder Popular este fin de semana en el Capitolio de La Habana.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional (AN), y Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, encabezaron las sesiones de trabajo que contaron también con la presencia de Gladys Bejerano Portela e Inés Chapman Waugh, vicepresidentas del Consejo de Estado, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo; Ana María Mari Machado y Miriam Brito Sarroca, vicepresidenta y secretaria del parlamento cubano, respectivamente, entre otros asistentes.

En el encuentro, en que estaban presentes, además, los directivos de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la AN, también participó, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación (MEP), quien se refirió a las realidades que la economía nacional ha debido enfrentar en el año que concluye y aquellas tareas en las que hay que poner énfasis en el 2019.

Afirmó que el plan debe concebirse como un instrumento para conducir la economía, sin improvisaciones, con base en las necesidades de esta y preservando el desarrollo nacional, y que en el caso de los proyectos locales deberán evitarse las importaciones.

Meisy Bolaños Weiss, viceministra de Finanzas y Precios, informó sobre las cadenas de impagos y las cuentas por pagar vencidas que al cierre del mes de septiembre, habían disminuido respecto al mes anterior, se incrementaron en comparación con diciembre del pasado año; y agregó que Santiago de Cuba, La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey y Artemisa concentran el 88 % de las deudas vencidas.

Entre las principales causas de los impagos, la viceministra enumeró ausencias de conciliaciones efectivas entra clientes y proveedores, mala calidad del registro contable, insuficiente control del efectivo proveniente de las ventas y de la disciplina en los depósitos al banco, y descapitalización empresarial originada por altos niveles de faltantes y pérdidas, robos y desvíos.

La funcionaria presentó una propuesta integral ante las violaciones en el pago de los tributos, como la de hacer público aquellos casos de evasión fiscal con sentencias firmes a favor de la Oficina Nacional de Administración Tributaria; operativos sistemáticos de los gobiernos municipales contra actividades ilegales en el trabajo por cuenta propia, y mecanismos efectivos para el cobro de la deuda reconocida mediante sentencia y en casos de procesos confiscatorios a favor del Estado.

Valdés Mesa identificó al robo de combustible entre los asuntos que hacen daño y deben erradicarse, una ineficiencia que el presupuesto no puede seguir financiando, cuya solución es responsabilidad de los órganos de dirección y de los cuadros que tienen esa responsabilidad, y tanto unos como otros tienen que rendir cuenta de su desempeño.

Al presupuesto hay que dedicarle más trabajo y más tiempo, -añadió-, desde el municipio y el establecimiento, los cuales tienen que generar y gestionar ingresos para ser sustentables.

Gladys Bejerano resumió las acciones de control realizadas por la Contraloría General a la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto del estado en instancias locales, concretamente al proceso de aprobación y otorgamiento de subsidios, la verificación del uso y destino de los recursos financieros provenientes de la contribución territorial para el desarrollo local, y a las operaciones del sector estatal de la Economía con el sector no estatal, que en el caso de los trabajadores por cuenta propia, es recurrente el incumplimiento de la Resolución 42/2013 que define las actividades de estos últimos.

Señaló que en los planes de actividades principales de los Consejos de Administración municipales y de sus directivos se han incorporado acciones de preparación y seguimiento al presupuesto, aunque todavía no resultan efectivas por la falta de profundidad en los análisis y la reiteración de deficiencias señaladas con anterioridad.

Marino Murillo informó a los presentes sobre la marcha de la política para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, el cual ha continuado desarrollándose; sobre el tema señaló que de los 157 mil 371 trabajadores que habían registrados en octubre de 2010, ya el pasado mes sumaban 588 mil 916.

En cuanto a la capacitación de todas las estructuras administrativas y de los  trabajadores por cuenta propia, previa a la entrada en vigor de las normas jurídicas, el próximo 7 de diciembre, informó que se ha capacitado el 97% de los 25 mil 270 cuadros y funcionarios y que todos los municipios han concluido la tarea, excepto La Habana, donde faltan 10 territorios. En cuanto a los 438 185 trabajadores por cuenta propia que deben capacitarse, el 78% ya lo había hecho.

Previamente, Murillo Jorge había presentado un resumen sobre la política para ordenar y legalizar  viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas y al respecto dijo que en el fondo habitacional del país hay más de 230 mil viviendas, que requieren ser ordenadas o legalizadas.

Sobre el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas en el país, Samuel Rodríguez Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, afirmó que este año comenzó con un inventario de 112 mil 529 ilegalidades vinculadas con el ordenamiento territorial y urbanístico ‒17 % corresponde a personas jurídicas y el 83% personas naturales‒; con mayor impacto en La Habana, Granma, Santiago de Cuba y Matanzas.

Para este año, agregó Rodríguez Planas, las provincias se propusieron erradicar 21 mil 756 ilegalidades (el 19 % de las registradas al empezar 2018), de las cuales han logrado eliminar 10 mil en el primer semestre; sin embargo hay territorios, como Artemisa, Mayabeque, Las Tunas, Camagüey y Holguín donde el plan del año corre riesgos de no cumplirse.

En el primer semestre se erradicó un total de 19 mil 658 ilegalidades en el país; pero lo más preocupante son las nuevas violaciones registradas entre enero y junio cometidas por 853 personas jurídicas y 9 985 naturales.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), presentó la información sobre el enfrentamiento a las ilegalidades relacionadas con ese sector, identificando entre las más comunes las conexiones no autorizadas a redes y conductoras de acueductos, entronques de residuales líquidos conectados al sistema de drenaje pluvial y roturas ilegales a los diques de las lagunas de estabilización administradas por el INRH.

Igualmente mencionó el empleo de la faja de protección de los embalses para cultivos, viviendas y ganadería; vertimiento descontrolado de residuales líquidos, construcciones de viviendas sobre pluviales y derrame de fosas, por malas condiciones técnico–constructivas.

Rodríguez Rodríguez explicó que se han logrado erradicar este año 2 583 violaciones (el 67 % del inventario total); pero han debido eliminar otras 591 pues fueron detectadas 644 nuevas.

En este punto Inés Chapman opinó que se ha ido estancando el programa contra las ilegalidades, pues se ha perdido sistematicidad en los mecanismos de chequeo y en los sistemas y grupos de enfrentamiento; añadió que el uso ilegal del suelo de una vivienda hace que esta también sea ilegal y que del vertimiento de residuales se derivan otras ilegalidades, ya que una de origen puede dar lugar hasta seis, las que, entre otras cosas, impactan negativamente en el medio ambiente y el financiamiento disponible.

Alertó que la política de construcción de viviendas no puede generar ilegalidades, que estas no es posible edificarlas si no hay agua ni sistema de evacuación, y que la condición de habitable no puede expedirse si existen violaciones; aclaró también que las fosas no son ilegales si están bien hechas. “En eso hay que ser exigentes y comprobar que lo establecido se cumpla”, apuntó.

Valdés Mesa señaló que las ilegalidades por parte de entidades estatales no se pueden admitir, que deben asegurarse las facilidades para que la gente pueda construir con orden, y enfrentar las violaciones con rigor, a lo que Esteban Lazo agregó que es un tema a debatir en las asambleas provinciales y municipales, y que está orientado tratar en el proceso de rendición de cuenta de los delegados.

Ana María Mari destacó la necesidad de acompañar los procesos del Poder Popular desde la comunicación, de modo que se conozca públicamente la labor cotidiana dirigida a garantizar el bienestar del pueblo, y en ese sentido apuntó que, en un mundo cada vez más mediático e interconectado, es necesario aprovechar las posibilidades de acceso a la internet, fundamentalmente en las redes sociales, cuyo uso va en aumento en Cuba, lo que constituye otra vía para interactuar y dar a conocer nuestra realidad.

Carlos Rafael Fuentes León, jefe del área de Órganos Locales de la Asamblea Nacional, desarrolló el tema del proceso de rendición de cuenta que acaba de comenzar en el país y a propósito explicó que los análisis en los Consejos de la Administración municipales sobre la atención brindada a los planteamientos de los electores no siempre han sido profundos, ni se han identificado las causas que impiden la solución de problemas que no están relacionados con razones objetivas.

Abundó, además, en la situación que presentan varios municipios, con muy bajos niveles de solución, insuficiente preparación de direcciones administrativas para enfrentar el proceso, y subrayó la imprescindible coordinación con todos los factores de los territorios para lograr la asistencia y participación de los electores; también  llamó la atención acerca del apoyo que requieren los delegados de nueva elección que por primera vez desarrollan este proceso.

Destacó la importancia de la organización y preparación de los estudiantes que se desempeñan como activistas en el proceso, de conjunto con la UJC, sus organizaciones estudiantiles y los ministerios de Educación y Educación Superior, para que puedan acudir a la mayor cantidad posible de reuniones.

En el encuentro también se analizaron las principales causas de las fallas en la solución de planteamientos, entre las que figuran el no hacer diagnósticos profundos de los problemas, y no planificar adecuadamente las acciones, asegurar los recursos tanto humanos como materiales y los medios para ejecutar las soluciones.

Se adicionó la falta de gestión administrativa en el control al cumplimiento de los programas de trabajo, y lugares donde se priorizan otras tareas no contempladas en el plan de la economía, en detrimento de aquellas comprometidas en el plan.

De los planteamientos recepcionados por los delegados en los despachos semanales con sus electores, fueron resueltos 154 603, para el 65,3% de solución, según reportes de las provincias.

A partir de una información del Contralmirante Luis Ramón González Navarro, director del Instituto Nacional de la Reserva Estatal, y de Manuel Rey Soberón, funcionario del MEP, se produjo un provechoso y detallado análisis con los presidentes provinciales acerca del estado de los inventarios y almacenes del país dedicados a preservar las reservas estatales, y las medidas para erradicar problemas detectados, entre los que se incluyen las condiciones de trabajo de los que allí laboran.

En la reunión también se trataron ideas para la celebración del 60 aniversario de la Revolución y al respecto el Presidente de la Asamblea Nacional señaló que “tenemos que hacer un buen proceso de reuniones de rendición de cuenta en todos los barrios y solucionar la mayor cantidad posible de planteamientos de la población, lo cual será un buen homenaje al nuevo aniversario del triunfo del primero de enero de 1959”.